Blanca Lilia Ibarra Cadena
La idea de Estado es inseparable de la de justicia. Incluso, la formulación más simple que podamos hacer acerca del Estado contiene por lo menos un mecanismo o institución abocada a impartir justicia. Ello es así porque la justicia es, precisamente, un elemento fundacional de propio Estado, sin el cual éste carecería de sentido y, por supuesto, de capacidad para fungir como garante del orden y proveedor de seguridad, entre otras de sus tareas.
Por tanto, la justicia es un bien que encontramos asociado a las funciones básicas e insoslayables del Estado, por lo general depositado en uno de los poderes públicos o en ocasiones en dos, sobre todo si entendemos la justicia de una manera amplia, no exclusiva de los poderes judiciales, sino incluyendo también mecanismos de autocomposición y de justicia administrativa, propios del Poder Ejecutivo, y que si bien no suelen ser instancias terminales, sí forman parte de una serie de mecanismos susceptibles de revisión judicial y, por lo tanto, forman parte del aparato estatal de impartición de justicia.
Es precisamente en el Poder Ejecutivo, hace ya más de una década, que se asentaron los primeros cimientos para un proyecto de Gobierno Abierto; surgido directamente de la administración del expresidente estadounidense Barack Obama, se sintetiza en tres hitos. Los dos primeros, definidos a partir de los documentos “Transparencia y Gobierno Abierto” de enero de 2009 y “Directriz para el Gobierno Abierto” de diciembre, también de 2009. El tercero de los hitos, en 2011, se da cuando dicho exmandatario presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el Open Government Partnership, conocido también como Alianza para el Gobierno Abierto, de la que México forma parte desde su aprobación.
Sin embargo, uno de los cuestionamientos principales a lo largo de los últimos años ha sido la incorporación de los demás poderes y órganos estatales, de todos los niveles, a un proyecto compartido de Estado Abierto, regido por los principios de transparencia, participación y colaboración, cuyo fin primordial es fortalecer la cultura de la participación ciudadana, la transparencia como instrumento de empoderamiento y rendición de cuentas, así como la cooperación entre las instituciones con el fin de construir nuevas vías para trabajar de manera conjunta con la sociedad. La justicia no escapa a esa óptica, sino más bien resulta indispensable para llevar a cabo la integración de todo el Estado a una nueva filosofía de la administración pública, como uno de sus fines primordiales y, sobre todo, la incorporación de un nuevo paradigma de servicio público.
La idea de integrar a todo el aparato estatal en un nuevo esquema de gobernanza participativa es también uno de los objetivos de la Agenda 2030. Las acciones de cooperación interinstitucional deben multiplicarse, en aras de sumar los servicios estatales de justicia al esquema del Gobierno Abierto.
El pasado 14 de julio, el INAI y la Suprema Corte de Justicia de la Nación suscribimos un acuerdo de cooperación, como parte de las acciones necesarias para la consolidación de un modelo de justicia abierta con unas instituciones más próximas a la ciudadanía, que va más allá de la publicidad de las sentencias o la jurisprudencia -como lo mandata el reformado artículo 73 de la Ley General de Transparencia-, sino que busca involucrar a otros actores sociales, tanto institucionales como de la sociedad civil, dando a conocer, a través de los diversos mecanismos de la transparencia, los quehaceres del Poder Judicial federal.
No hay que olvidar que la Justicia Abierta es también un vehículo de participación, en que el conocimiento de las labores realizadas por los encargados de proveer justicia no sólo debe ponerse al alcance, sino que se deben encontrar nuevas formas de dar a conocer las mismas entre todas las personas.
Por supuesto, la participación ciudadana sigue siendo el eje fundamental de un Estado Abierto, pero la ciudadanía debe contar con los instrumentos institucionales que le permitan ejercer efectivamente su derecho a la toma de decisiones informadas y a participar en los procesos de construcción de mejores formas de administrar la justicia, en beneficio de la sociedad.
Comisionada Presidenta del INAI
