Puebla se encuentra en el noveno lugar histórico del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas con 2,299 víctimas, de las cuales 1,087 son mujeres y 807 menores de edad. Una de estas personas es Juan de Dios, quien tenía 23 años cuando fue arrebatado de su familia. Desde la última vez que se encontraron en 2019, María Luisa Núñez Barojas, su madre, ha agotado todas las posibilidades para dar con su ubicación.
En su transitar, ha encontrado a diversos aliados y voces de aliento, pero también un sinfín de obstáculos auspiciados por las autoridades locales. Durante el inicio de la jornada Distintas miradas, horizonte en común: Avances, retos y desafíos sobre la desaparición de personas, sentenció: “El desafío más fuerte que hoy tenemos como sociedad es hermanarnos. Hoy tenemos que luchar contra quienes tienen el deber de protegernos”.
El colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, fundado por María Luisa, suma 25 días de plantón en el pórtico del Congreso Estatal, a la espera de obtener una respuesta satisfactoria a la solicitud para una ley en materia de desapariciones. “Luchamos para buscarles, para encontrarles, por sus derechos y por nuestra dignidad. Seguiremos resistiendo: no tenemos alternativa”.
La desaparición supone una atrocidad que ataca un conjunto de derechos fundamentales con consecuencias incalculables en las víctimas y sus círculos cercanos. Como reflexionó Mario Patrón Sánchez, se trata de un acto que modifica la vida de quienes sufren el arrebato de un ser querido.
Como respuesta al continuum de violencia que envuelve al país, se cuenta con un “reservorio ético” conformado por las víctimas organizadas. Expresó el Rector de la Universidad Jesuita: “queremos poner a las víctimas en el centro. Son ustedes [las familias] quienes dinamizan los procesos de cambio”. Recordó que la ley general en la materia fue impulsada por los colectivos, lo cual busca ser replicado a nivel local.
A la vez que refrendó su apoyo como un agente transparente de acompañamiento, la IBERO Puebla exhortó a las autoridades estatales a asumir el compromiso de priorizar el bienestar de las personas para romper con la frialdad de las normas. “Vemos con agrado que el ejecutivo [estatal] haya presentado una iniciativa. Pedimos que se discutan las dos iniciativas de manera conjunta para generar el mejor dictamen”, agregó Patrón Sánchez.
De lo general a lo particular
En México, 15 estados cuentan con una normativa sobre desapariciones armonizada con la Ley General en Materia de Desaparición (2017); Puebla y Baja California se encuentran en discusión sobre el tema, y tanto Nuevo León como Querétaro ya contaban con una legislación en la materia.
Como explicó Edith López Hernández, la ley general es el punto de partida para el desarrollo de normativas más amplias. Así, la participación de las familias en la elaboración de las leyes no solo dota de efectos prácticos palpables, sino de legitimidad para los procesos de justicia.
Con el fin de crear leyes más garantistas, los colectivos y sus aliados buscan que exista un énfasis especial en la búsqueda de personas menores de edad y que los conceptos jurídicos claves sean más amplios. “Lo más importante es que el Congreso escuche a las familias para sacar una ley adecuada a la realidad”.
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La ley general está constituida para atender una deuda histórica de México, donde se continúa con la búsqueda de más de 80,000 personas que han sido desaparecidas en los últimos 50 años.
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El proyecto de ley de desapariciones para Puebla es, de acuerdo con los el sector público, un esfuerzo importante por incluir a diferentes actores sociales y que se aproxima a los estatutos internacionales. “El objetivo de esta ley sería dar certeza a la actuación de las autoridades y garantizar los derechos de las familias”, explicó Marco Antonio Mayer Sánchez.
Para el subdirector regional de Operaciones de Búsqueda de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, las comisiones especializadas no son suficiente: es necesario contar con normativas situadas que sustenten jurídica y económicamente el caminar hacia la justicia. Desde su despacho, Mayer Sánchez aseguró que el fin último es que la operatividad de la normativa se traduzca en resultados favorables para todos.
Caso Jalisco
Tras la promulgación de la Ley General (2018) y la consecuente propuesta de leyes locales (2019), los colectivos jaliscienses organizaron una serie de consultas públicas para recolectar las necesidades y aprendizajes de los actores centrales del multicitado delito. Tras diversas mesas de trabajo fallidas, el 16 de febrero de este año fue aprobada la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas.
De manera paralela, la Ley de Personas Desaparecidas recibió luz verde nueve días después. Esta última suma lo establecido en la legislación nacional, al tiempo que se incorporaron células de búsqueda y se delegaron responsabilidades específicas a cada municipio, entre otras medidas garantes.
La responsable de incidencia legislativa del Centro de Justica para la Paz y el Desarrollo A.C., Anna Karolina Chimiak, relató el camino homérico que supuso hacer frente al desgaste y redundancias del proceso: el establecimiento de mínimos irrenunciables; la integración de las familias a los procesos técnicos; las dificultades físicas y técnicas para organizar las reuniones, y la displicencia de algunos actores públicos.
Como una recomendación para las familias instaladas a las afueras del Congreso de Puebla, destacó el valor de la cohesión con todos los aliados posibles, desde otros colectivos y prensa hasta agentes internacionales. Para la implementación correcta de las leyes, cerró, es necesario que existan capacitaciones y coordinación entre todos los actores institucionales involucrados.
