El gobernador Miguel Barbosa aclaró que la Policía estatal asistió en apoyo a una diligencia judicial por la que, por mandamiento de un juez penal, se ordenó la restitución de las instalaciones de su planta embotelladora a la empresa Bonafont, ubicada en el municipio de Juan C. Bonilla, tomada desde hace varios meses por activistas defensores del territorio y el agua.
Al respecto, el gobernador Barbosa subrayó que esta acción es una orden judicial, no del Poder Ejecutivo, por lo que la empresa podrá tomar posesión de su propiedad y reanudar operaciones.
“Debe ser mediante el diálogo como organizaciones y personas asuman la defensa del agua y no mediante acciones fuera de la ley”.
Foto de Mireya Novo
