El acceso a los alimentos que compramos cotidianamente es quizás el mejor ejemplo del término (sobre)determinación. Tomado de la teoría marxista plantea el acotamiento para la dirección de presiones y flujos de energía creativa. En términos más inmediatos, aquello que nos parece dado lo es siguiendo un orden en las fuerzas productivas. Así, la comida que encontramos disponible ocurre bajo una jerarquía espacial, temporal y sectorial. No se encontrará huevo orgánico, de libre pastoreo o ambas, de rancho o granja industrial por igual. Su oferta se estructura no sólo por la demanda, independientemente de que sea uno de los alimentos más ubicuos y de los cuales depende la ingesta de proteína animal de la mayoría de la población. Como mercancía puede tener el mismo valor de uso, pero su valor de cambio, así como efecto simbólico (con sus debidos sellos) será muy diferente, permitiendo incluso el “fetichismo de la mercancía” que nos hace suponer relaciones más humanas o hasta “justas” con especies de gallinas antes que con los productores. Nuestro acceso al huevo e incluso la manera de llamarlo, pues hay quiénes preferirán el localismo y eufemismo (involuntariamente humorístico) “blanquillo”, está (sobre)determinado por variables de economía política y socioculturales. Aquel huevo que consumimos no es pues el de nuestra preferencia sino el que nos corresponde, dada la implacable diferenciación de clase por segmentos.
Del huevo podemos pasar a otros productos y encontraremos que se van agrupando canastas, que distan mucho de la abstracción llamada “básica” que establecen distintas instancias gubernamentales, think-tanks, fundaciones y organismos multinacionales. A través de ellas “miden” las diferencias nutricionales entre los niveles de pobreza, determinando qué grupos son vulnerables y entre ellos cuáles merecen terminajos rebuscados para encubrir la diferencia entre explotables y “descartables”. Al estudio de esta forma específica de dominio estructural en sus manifestaciones más atroces se le ha llamado “opresión alimenticia” en la literatura especializada. Así, la dieta es la primera y más básica forma de socialización política en la dominación. Lógicamente los gobiernos democráticos deben corregir esta distorsión, siendo lo mínimo que de ellos se espera. La mayor crítica al horizonte que conocemos como “globalización neoliberal” justamente alertó sobre la destrucción de las dietas de la mayoría de los mexicanos en el marco del NAFTA. La ingesta de azúcares y harinas refinadas, grasas trans y conservadores pasó de ser alarmante a producir una serie de pandemias alimenticias. En ello concordaron tanto estudios del sector salud como sociológicos y no es raro encontrar en la literatura referencias a la “dieta neoliberal” o la “dieta globalizada” por más que nuestro caso sea meramente de sino estadounidense (yendo de la desnutrición a la malnutrición): hay más chatarra. Podemos buscar varios ejemplos que sirvan como estandarte, siendo quizás el furor por cada apertura y oferta de donas Krispy Kreme demasiado apto.
Contra esa dieta neoliberal existen suficientes estudios y pronunciamientos respecto a cómo revertirla en un espectro que abarca desde una vuelta a modos campesinos de producción, abasto vía tianguis con trueque y formas específicas de consumo comunitario, hasta otras menos radicales de gravámenes escalonados. Dentro de ellas está la campaña por el etiquetado buscando educar al consumidor, pero todas han fracasado. Y es aquí en que antes de responsabilizar a tal o cual gobierno debemos retroceder un par de pasos y entender el término (sobre)determinación. No es con campañas al consumidor sino en la reorganización del aparato productivo y sistemas de abasto en que podría darse, pero no se ha podido ir más allá de la teoría. Por un lado, los intereses y su articulación (ahora sí) en cárteles de las grandes compañías productoras y comercializadoras, como por el otro la debilidad de los gobiernos.
Todo esto viene a cuento por la reciente iniciativa que supuestamente busca abatir la inflación (paquete contra la inflación y carestía o PACIC) entre el ejecutivo federal y grandes empresarios del ramo. Todos los economistas concuerdan que no logrará su cometido pues no es un problema local como que tampoco afectará más que a ciertos segmentos del mercado. Y este es el problema. Lejos de suponer un alivio intensificará la opresión alimenticia. En el mismo se ha determinado que los negocios que participen en él ofreciendo una “canasta básica” a precios determinados estarán exentos de cumplir con las normas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica). Los riesgos son casi obvios. Y el casi es importante porque ningún gobierno puede renunciar a sus obligaciones. Al hacerlo permite la intensificación de presiones sobre los grupos más vulnerables para consumir alimentos procesados y frescos sin las garantías necesarias y extiende las malas prácticas que ya han sido probadas una y otra vez en tantos estudios sobre la alimentación como la literatura señala. Queda pues la pregunta sobre cómo es que conoceremos a este nuevo régimen alimenticio de opresión y condena contra los más pobres que ni abatirá la inflación pero es la aduana entre explotables y descartables. Antes que alternativa es una versión saturada de neoliberalismo. Así como el NAFTA pasó a USMCA (o de TLCAN a T-MEC), es posible que la opresión alimenticia mute en cruel aplastamiento. No será en campañas de responsabilidad social como conoceremos su nombre sino vía chistes e ironía; los soportes del PACIC multiplican el desprecio por la población haciéndoles innegables “condenados de la tierra”.
