Arturo Luna Silva
El alza al precio del transporte, más que “contentos”, si es que cabe ese adjetivo, debiera tener a los concesionarios seriamente preocupados, a los funcionarios relacionados con el tema muy nerviosos y no solamente, como ocurre, a los poblanos enojados y lastimados en su economía. Si se falla en el plazo de 4 meses que la administración estatal dio a los transportistas para mejorar el servicio o si, como tradicionalmente ocurre, se ignoran los acuerdos, se juegan la cabeza varios servidores, los dueños sus concesiones y el gobierno su prestigio. Todo eso, sin mencionar la factura, alta y severa, que los ciudadanos cobrarán en las urnas en 2021.
Quien piense que el amargo trago del incremento que entró en vigor el sábado ya se superó, está abismalmente equivocado.
Al contrario, el tiempo avanza a contra-calendario, para que en febrero próximo se venza el plazo que se estableció para las mejoras y que tiene sanciones, reales, políticas, morales, sociales y económicas, para todos.
Debe concretarse, de manera evidente, la renovación de unidades, colocación de alarmas, cámaras y dispositivos GPS, entre otros.
Seguramente muy pocos se atreverían a desear en este proceso la silla del titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga Santamaría.
La cabeza del ex líder magisterial será de las primeras en caer, si en febrero no hay avances, al menos, en las mejoras, que además reclaman con justificadísima razón los poblanos.
Hay muchas quejas.
La gente está sensiblemente lastimada.
Su malestar se amortizaría si se cumplen los acuerdos que la administración barbosista firmó con los concesionarios.
Esa es también la oportunidad para legitimar la decisión.
No habría nada más satisfactorio que recibir de los ciudadanos un “tenían razón”, en vez de la inconformidad que hoy se expresa.
Pero hay muchos pendientes más.
Las condiciones laborales de los choferes siguen siendo terribles.
En la misma proporción o por encima del más de 40 por ciento del incremento, a los operadores se les subió la cuenta que deben entregar.
¿También sus sueldos?
Es pregunta.
Porque sin afán de defenderlos, muchos no merecen consideraciones, también ellos quedaron en medio.
En algunos casos, los choferes trabajan hasta 17 horas seguidas.
Así ha quedado evidenciado en varios testimonio recogidos por los medios de comunicación, en especial Noticieros Televisa Puebla.
Ahora bien, el superávit ese aumento de 2.50 pesos en el pasaje, a dónde se irá:
¿Verdaderamente a las mejoras del servicio?
¿A la compra de nuevas unidades, que en el caso de los microbuses cuestan en promedio más de un millón de pesos nuevas?
¿O serán para mejorar, pero las economías de los propietarios?
Si los concesionarios no cumplen compromisos, el gobernador Miguel Barbosa tendrá que aplicar mano dura.
Muy dura.
No tendrá salida.
Su credibilidad está en juego.
Todos pierden, si no cumplen.
El tiempo vuela.
A contra-calendario.
