La ética y la moral son dos elementos fundamentales que deben ser parte de la conducta de cualquier servidor público o representante de elección popular en cualquier sociedad; no sólo deben ser personas íntegras, sino que también deben tener un historial limpio en términos de violencia familiar, deudas alimentarias y violencia política de género.
La aprobación de la ley 3 de 3 que presenté en el Congreso del Estado es fundamental para garantizar que estos requisitos sean cumplidos por quienes buscan ser elegidos o mantenerse en un cargo público.
En primer lugar, es importante considerar la grave situación en que nos encontramos, en que la violencia familiar y de género, son cometidos de manera reiterada y constante como lo demuestran los índices a nivel estatal y nacional, por ello es tan necesario que los servidores públicos y representantes de elección popular que tengan antecedentes en estos temas, no sólo deben de ser impedidos para participar automáticamente para ocupar cargos públicos, sino que también deben de ser evidenciados de manera pública por incumplir con sus obligaciones.
La violencia de género es una violación a los derechos humanos y no puede ser tolerada en ninguna circunstancia.
En segundo lugar, los deudores alimentarios también deben ser impedidos para desempeñar ciertos cargos públicos, en virtud de que la falta de pago de todo el concepto de alimentos, es una forma de negligencia y abandono, demostrando que no es una conducta digna de alguien que pretende ocupar una posición de poder y confianza en la sociedad, ya que se debe de empezar por cumplir en la familia antes que a nuestra sociedad o estado.
Un servidor público o representante de elección popular que no puede cumplir con sus responsabilidades familiares básicas no puede ser considerado un buen ejemplo para la comunidad.
En tercer lugar, la ley 3 de 3 es una medida importante para garantizar que los servidores públicos y representantes de elección popular cumplan con estos requisitos éticos y morales. Esta ley establece que aquellos que buscan ocupar un cargo público deben presentar una constancia que demuestre no tener antecedentes en ciertos temas.
Por todo lo anterior, surge la importancia de que servidores públicos y personas que pretenden acceder a ser votados como representantes de elección popular, no tengan el derecho a participar en algún cargo si tienen antecedentes en violencia familiar, deudas alimentarias o violencia política de género, ya que estas conductas son inaceptables en cualquier persona que ocupe una posición de compromiso y responsabilidad de ese tamaño y mucho menos en aquellos que deben representar y servir a sus representados.La aprobación de la ley 3 de 3 en el Estado de Puebla será un paso importante hacia el fortalecimiento de la política estatal más ética y transparente, así como busca consolidar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en el estado.
