Las carencias en materia de salud, alimentación, educación, vivienda, trabajo y seguridad se acumulan aceleradamente en nuestro país, teniendo un efecto devastador en cuanto a igualdad e inclusión. Al mismo tiempo, la impunidad permite a grupos criminales multiplicar su presencia en territorio nacional, aprovechando esa pobreza multidimensional para secuestrar a poblaciones enteras y hacerse de una base social.
No solo el CONEVAL e INEGI señalan estas carencias, sino que el propio gobierno, a través de nuestras Fuerzas Armadas, ha reconocido algunas de las razones por las que ha aumentado la presencia del crimen y la violencia en territorios como Guerrero, Michoacán, Baja California, Colima y Chiapas.
Las promesas que el oficialismo hizo al pueblo de México para acabar con la desigualdad y la violencia no solo han fracasado en su objetivo, sino que han empeorado la situación, según los indicadores que señalan un crecimiento sostenido de la pobreza, inseguridad, falta de servicios de salud y la incapacidad de casi 50 millones de mexicanos para comprar una canasta básica de alimentos.
El gasto familiar en salud se ha incrementado 40% debido a la falta de medicamentos y acceso a la atención en el sistema público, mientras que la pobreza laboral se ha extendido debido a la creación de empleos mal remunerados y sin prestaciones y la subida inmisericorde de los precios.
Basta con visitar un centro de salud público para constatar la cotidianeidad que miles de personas sufren al no recibir atención y poner en riesgo sus vidas debido a las pésimas condiciones de la infraestructura.
La educación pública atraviesa por su peor momento desde la época revolucionaria, no solo debido a los efectos de la pandemia del SARSCoV-2, sino también por la conducción errática, irracional e irresponsable de las autoridades educativas, que ponen en riesgo el futuro de millones de niños y jóvenes al crear programas educativos sin fundamentos científicos y libros de texto con dogmas y errores matemáticos.
Más de un millón de personas tuvieron que abandonar sus estudios tras la pandemia, y hasta el momento no existe una política pública para abordar esta situación. Esto sin duda tendrá un impacto en la baja escolaridad que ya existe en nuestro país, con un promedio de 10 años.
Los retrocesos son evidentes en todas las áreas y sectores.
Decir que la labor social actual del gobierno está funcionando y logrando la justicia social es mentir a millones de personas, ya que solo las condena a la pobreza, el sufrimiento y la enfermedad.
Distribuir de manera incorrecta y selectiva los recursos de los programas sociales, al tiempo de cancelar servicios públicos como la salud, seguridad y educación, no es un modelo que seguir para acabar con las causas de la pobreza y la violencia, sino todo lo contrario.
Gobernar requiere conocimiento, talento, visión y sensibilidad, pero, sobre todo, la capacidad de reconocer lo que no funciona y corregirlo de inmediato.
*Presidente Nacional del PRI.
