43 periodistas han sido asesinados en lo que va del actual sexenio; 31 han sufrido secuestros, de los cuales Juan Carlos Hinojosa Viveros (Veracruz) sigue sin paradero conocido desde el 6 de julio de 2023, y cada 13 horas se registra un nuevo ataque contra la prensa en nuestro país, como fue el atentando sufrido por Ciro Gómez Leyva la noche del 15 de diciembre de 2022, sin que se dé con los autores intelectuales y materiales en 98% de los casos.
Con esta realidad, México supera negativamente a países que sufren conflictos armados o dictaduras en su territorio, develando la magnitud de la tragedia escandalosa que está viviendo la sociedad mexicana.
La prensa es el sector más sensible a los atentados contra los derechos humanos, pues se trata de los ojos, oídos, consciencia y voz de toda una sociedad, por lo que son los primeros a los que buscan acallar y sojuzgar. Pero después de ellos sigue cualquiera.
Mujeres buscadoras como Lorenza Cano Flores que se encuentra secuestrada desde el 15 de enero pasado, defensores de los derechos humanos y activistas ambientales sufren también esta persecución no solo por parte de los criminales, sino sobre todo por las propias autoridades. Muestra de ello es que en la Península de Yucatán han sido asesinados por lo menos 18 ambientalistas, la mayoría de ellos mayas, por oponerse a la destrucción del ecosistema para construir el tren presidencial.
La censura gubernamental es permanente, ya que desde el gobierno federal se intenta silenciar a periodistas, medios de comunicación y activistas, obligando a los directivos a despedir a verdaderos periodistas y poner en su lugar a aplaudidores, limitando el acceso a información veraz y creando un clima de autocensura.
Una de las razones por los que los ataques a la libertad de expresión persisten es la impunidad generalizada, la cual es motivada por la propia autoridad, perpetuando con ello un círculo vicioso de violencia, impunidad y cancelación de derechos.
Sin acceso a información veraz y sin la posibilidad de expresar opiniones libremente, se imposibilita la participación ciudadana en la vida democrática y se socava la rendición de cuentas.
Para proteger y promover la libertad de expresión, debemos abordar tanto la censura gubernamental como la violencia contra periodistas, mujeres buscadoras, defensores de derechos humanos y activistas ambientales. Esto requiere un compromiso firme por parte del gobierno, y tenemos claro que el actual no lo tiene y busca justamente lo contrario y por ello, la ciudadanía debe emitir el 2 de junio próximo un voto en favor de la libertad de expresión y en contra de la impunidad.
Solo así se podrá crear un ambiente propicio para el ejercicio libre de los derechos y el desarrollo democrático de México.
