Con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) se pretende garantizar la gratuidad y universalidad de los servicios en la materia para alrededor de 73 millones de ciudadanos que no cuentan con seguridad social.
Tras procesarse en lo particular los artículos que se llevaron a reserva para proponer cambios a las reformas y derogaciones a la Ley General de Salud y a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud Pública, desaparece el Seguro Popular después de 16 años de operación y que tenía más de 51 millones de afiliados.
Las reservas fueron presentadas por 22 senadores, principalmente de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Morena. Ninguna fue aceptada, por lo que se aprobó en lo particular con 62 votos en favor, 21 en contra y cuatro abstenciones, y se remitió al Ejecutivo federal para su entrada en vigor.
Con dicha reforma se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y entrará en vigor el 1 de enero de 2020. Así se crea el Insabi que brindará atención a la salud integral de todos los ciudadanos.
También garantiza la prestación de servicios gratuitos, medicamentos, incluidos los de enfermedades crónico-degenerativas como cáncer y diabetes, así como medicamentos e insumos para quienes no cuenten con seguridad social.
Se establece que el Estado deberá generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, incluidas las intervenciones quirúrgicas.
El acceso gratuito a los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social será suspendido de manera temporal a cualquier beneficiario cuando por sí mismo o indirectamente se incorpore a alguna institución de seguridad social, federal o local.
También se crea el Fondo de Salud para el Bienestar, que será un fideicomiso público sin estructura orgánica, constituido en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en una institución de banca de desarrollo, y en el que el Instituto de Salud para el Bienestar funge como fideicomitente.
El objetivo es destinar los recursos que integran su patrimonio a la atención de enfermedades que provocan «gastos catastróficos» y a la atención de necesidades de infraestructura, preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social.
Además busca complementar los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos y demás insumos, así como del acceso a exámenes clínicos, asociados a personas sin seguridad social.
En los transitorios se puntualiza que las entidades federativas tendrán un plazo de hasta 180 días naturales, contados a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto, para armonizar sus leyes respectivas y demás disposiciones normativas vigentes en la materia.
También que las personas que a la entrada en vigor de este decreto cuenten con afiliación vigente al Sistema de Protección Social en Salud continuarán en pleno goce de los derechos que les correspondan.
Con información de Notimex / El Heraldo de Puebla
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