El clima de inseguridad que se vive durante este proceso electoral no es nuevo pero sí inédito. Ante la falta de un conteo oficial por parte del Gobierno de la República, han surgido estadísticas de organizaciones como Causa Común que aseguran que en lo que va de este proceso electoral han sido ultimados hasta 36 candidatos y políticos. Hay otras versiones que apuntan a que suman 52.
En Puebla el clima de violencia ha crecido desde el asesinato del candidato a presidente municipal de Acatzingo, Jaime González.
Posterior a ese crimen, Mario Franco, candidato a edil en Ajalpan fue atacado a balazos mientras se encontraba en su camioneta, por fortuna sólo resultó con heridas, sin embargo días después el esposo de una de las candidatas a regidora en Tehuitzingo también fue asesinado.
Estos eventos que han ocurrido en Puebla no son aislados porque este clima de inseguridad en contra de los candidatos y políticos se vive en todo el territorio nacional, por causa en gran medida de la estrategia de abrazos a los delincuentes del Gobierno de México. Se saben impunes, que pueden y que nadie va a detenerlos.
Hasta ahora las autoridades federales no sólo han sido omisas sino que han permitido que la impunidad se acreciente.
Pero en realidad, ¿cuál es el propósito para que estos acontecimientos aumenten en el país?, un clima de inseguridad definitivamente es un factor para inhibir la participación ciudadana. El miedo es el que busca apoderarse de las elecciones.
Esto es lo que hace pensar el Gobierno de México, quien acostumbra a hacer subregistros de los eventos que ocurren en México, pues solamente ha reconocido un total de 15 candidatos ultimados desde que inició el proceso electoral.
Mientras que la participación ciudadana sea la esperanza para hacer un cambio de gobierno, al oficialismo este panorama sería acabar con el proyecto de «transformación», que, como lo hemos detallado en otras entregas, busca modificar un régimen democrático para instaurar una dictadura.
Sin embargo, tal parece que más allá de hechos fortuitos parecen actos orquestados, premeditados y medidos para evitar que la gente salga por miedo a ejercer su voto el próximo 2 de junio, y con ello, que los grupos delictivos ganen la elección a favor de quien los protege desde Palacio Nacional.
