El pasado 15 de noviembre, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, entregó al Congreso mexicano la propuesta de paquete económico 2025, la cual en estricto sentido es la primera de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero en los hechos representa la continuidad de los seis paquetes de la administración anterior al privilegiar proyectos faraónicos que no tienen fin, a costa de seguir quitando recursos a áreas sociales, contratar deuda y manejar los recursos para programas sociales de forma discrecional.
La propuesta busca un balance fiscal complejo. En teoría, el gobierno planea reducir el déficit de 5.9 por ciento a 3.9 por ciento del PIB, enfocándose en disciplina financiera y recortes en diversas áreas, lo cual ha generado expectativas pesimistas sobre su impacto real en la economía y en los sectores vulnerables.
Hacienda prevé un crecimiento económico de entre 2 y 3 por ciento real anual, lo cual resulta demasiado optimista respecto al consenso de los analistas independientes que no rebasa 1.5 por ciento.
Aunque el discurso oficial subraya el fortalecimiento de programas sociales, expertos advierten que la reducción del gasto podría afectar a sectores sensibles. Las secretarías de Salud, Educación, Seguridad, Infraestructura y Medio Ambiente sufrirán recortes, mientras que proyectos faraónicos, como el tren Maya, refinería Dos Bocas y aeropuerto «Felipe Ángeles» seguirán manteniendo presupuestos muy robustos.
A pesar de la retórica de transformación, la propuesta sigue patrones ortodoxos: ajustes fiscales, reducción del gasto y una mayor carga para los contribuyentes habituales. Este enfoque genera preocupación sobre el mantenimiento de desigualdades estructurales.
El manejo de la deuda heredada por la administración anterior implicará 1.4 billones de pesos, lo cual representa 3.8 por ciento del PIB. De ahí que del total de gasto de 9.2 billones de pesos, 80 por ciento ya está comprometido no solo en pensiones, sino también para pago de deuda, dejando solo 1.7 por ciento del PIB para políticas públicas.
Además, de esos 9.2 billones por lo menos 1.25 billones de pesos provendrán de la contratación de deuda pública para cubrir necesidades de gasto.
Sectores clave como salud, educación, primera infancia y cuidados reciben recortes entre 1.5 y 10 por ciento, lo que pone en duda la cobertura de servicios básicos y afecta a las comunidades más vulnerables del país.
En resumen, mientras la administración promete eficiencia financiera, el paquete económico podría replicar un esquema neoliberal, limitando apoyos directos a los más vulnerables en nombre del control presupuestal.
Morena ya se acabo los ahorros generados durante décadas y barrió con los fideicomisos que atendían a la población, por lo que solo le queda seguir endeudando al país, desapareciendo órganos autónomos y debilitando las raquíticas instituciones públicas que nos quedan.
*Presidente Nacional del PRI.
