El presidente estadounidense, Donald Trump, reautorizó la perforación de petróleo y gas en 625 millones de acres federales que su antecesor, Joe Biden (2021-2025), había vetado para tal fin.
«Las volvemos a tener como parte de nuestro país. Lo que hicieron fue terrible, simplemente terrible», dijo el líder republicano en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
El secretario de Interior, Doug Burgum, añadió que esas propiedades «no pertenecen a los burócratas de Washington de la anterior Administración»: «Nos aseguraremos de obtener un retorno de la inversión para el pueblo estadounidense», dijo.
El pasado 6 de enero, cuando todavía estaba en el poder, Biden firmó dos memorandos ordenando que no estuvieran disponibles para la perforación de petróleo y gas natural ciertas áreas en los océanos Atlántico y Pacífico, así como en el mar de Bering y en el golfo de México, que el Ejecutivo de Trump ha rebautizado como golfo de América.
La zona protegida abarcaba unos 625 millones de acres y justo después de la emisión de esa directriz Trump, entonces presidente electo, anunció que iba a revertirla.
El anuncio de este viernes coincidió con la firma de una orden ejecutiva de Trump que destaca que «Estados Unidos ha sido bendecido con una abundancia de recursos naturales y es líder en tecnologías e innovación energéticas que son fundamentales para la prosperidad económica y la seguridad nacional del pueblo estadounidense», así como de sus socios y aliados.
Ese decreto instauró la creación de un Consejo Nacional de Dominio Energético, que estará encabezado por Durgum.
Entre sus funciones estará asesorar al presidente sobre la mejor manera de ejercer su autoridad para producir más energía para que EE.UU. sea dominante en materia energética y aconsejarle sobre la mejora de los procesos de autorización, producción, generación, distribución, regulación, transporte y exportación de todas las formas de energía estadounidense, incluidos minerales críticos.
Asimismo, estará en sus manos proporcionar una estrategia nacional de liderazgo energético con el objetivo de producir más energía, mejorar las inversiones del sector privado y facilitar la cooperación de este último con el Ejecutivo federal.
