La impunidad y la crisis humanitaria prevalecen al cumplirse este jueves dos años del incendio que mató a 40 personas en una estación del Gobierno mexicano en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, donde el temor se agudiza ante el endurecimiento de las políticas migratorias.
Como prueba de la injusticia, familias de las víctimas denunciaron este jueves que permanece en su puesto el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, encargado del centro donde los migrantes estaban detenidos ante su próxima deportación y en el que fallecieron porque los dejaron encerrados pese al fuego.
“Es desesperante, frustrante no encontrar justicia donde claramente se han vulnerado los derechos de un ser humano, solo nos queda seguir luchando por nuestra familia», expusieron los deudos en el posicionamiento ‘Dos años sin justicia ni reparación del daño’ compartido por la Fundación para la Justicia.
Un caso en el olvido
A pesar del impacto mediático y social del incendio en un principio, «nunca se dio seguimiento» al caso, afirmó el padre Javier Calvillo, líder en la defensa de migrantes en Ciudad Juárez, donde dirigió por 13 años la Casa del Migrante.
«Nunca se dio nada. Es como si ya le hubieran dado vuelta la página, no pasó nada, no hubo culpables”, lamentó en una entrevista.
“Aquí no importa la vida, no importan los números, no importa el origen, aquí lo que importa es el poder y la impunidad. Y punto».
Las víctimas, incluyendo decenas de sobrevivientes con secuelas, son de Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador, que catalogó el hecho como un «crimen de Estado».
Una cicatriz en la frontera
Ciudad Juárez, punto clave de la ruta migratoria hacia Estados Unidos, ha sido lugar testigo de la crisis por este fenómeno, pero Calvillo cree que el incendio es uno de los más trascendentales.
«En la historia siempre va a estar marcado eso, el haber pasado ese incidente, que murieron de una manera muy cruel, muy dolorosa y con algo que va a marcar mucho a Ciudad Juárez, difícil que se pueda quitar”.
En un recorrido por el sitio, se constató que aún conserva las cicatrices del incendio que marcó la tragedia. Las escaleras conducen a un interior con las huellas de los migrantes impresas en las paredes, como un testimonio mudo de la desesperación de aquella noche, en la que agentes del INM ignoraron los gritos de auxilio.
Hay marcas de manos impregnadas en las superficies y, al adentrarse en el recinto, se distinguen las puertas y las rejas, algunas de ellas aún aseguradas con cordones de cinta de precaución, como una escena de crimen sin resolver.
En la parte trasera del edificio, las carpas que alguna vez sirvieron para procesar a los migrantes deportados ahora lucen desgarradas, abandonadas a la intemperie.
El sitio entero está en ruinas, lo que migrantes y activistas han descrito como un recordatorio de lo que ocurrió y de lo que nunca debió haber pasado.
Futuro incierto para migrantes
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció en diciembre una reforma al INM para «convertirlo realmente más bien en un instituto de apoyo a la movilidad humana», pero no ha concretado el reemplazo de Garduño, a quien sustituirá Sergio Salomón, exgobernador del estado de Puebla.
En tanto, hay preocupación en la sociedad civil de Ciudad Juárez porque México ha recibido presiones del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para endurecer las políticas migratorias y recibir migrantes ante las «deportaciones masivas», lo que no borrará la crisis humanitaria en Ciudad Juárez, según Calvillo.
Foto de EFE.
