El pasado domingo inició el periodo de campañas de la elección federal para el Poder Judicial en México. Un ejercicio inédito en la historia de nuestro país, inmenso, tanto por el número de cargos en disputa como por la complejidad del evento.
Vamos a dejar de lado el hecho de que elegir a un juez por voto popular es quizás una las peores ocurrencias de la 4T, y han tenido muchas de dónde escoger. Para tratar de entender la magnitud de esta ocurrencia se han popularizado ejemplos como el de seleccionar para pilotar a un avión al más popular o al amigo del dueño de la aerolínea y no al que sabe volar. O el de cómo prefieres seleccionar al médico que va a operar a un familiar o a ti mismo.
En este contexto no podemos sacarnos de la cabeza que como los puestos de los juzgadores dependen de una elección, esto podría incentivarlos a tomar decisiones populares para ganar votos o satisfacer a los grupos políticos dominantes, en lugar de resolver imparcialmente los casos basándose únicamente en los hechos y la ley.
Un proceso disfrazado como falso ejercicio democrático y que derivado de una venganza, de un berrinche, en la práctica servirá al grupo dominante para capturar políticamente al Poder Judicial e incapacitarlo para ejercer su función con autonomía. Por ejemplo, ahora que andamos tan preocupados por el tema de la recesión económica, ¿cómo van a proteger los derechos de propiedad de manera imparcial? Un desastre para la confianza empresarial y la inversión privada nacional y extranjera.
Ya ni hablar en que terminaría de abrirle la puerta al control del Poder Judicial por parte del crimen organizado y socavar los cimientos mismos del Estado de derecho en México.
Desde que este tema surgió, hemos coincidido en que el acceso a una impartición de justicia pronta y expedita para los ciudadanos era prácticamente imposible. Nunca hemos dicho lo contrario, siempre estuvimos de acuerdo en que una reforma judicial era indispensable. El problema viene con esta reforma surgida de la muina y diseñada para mantener e incrementar el poder de un grupo, una reforma que no atiende las añejas demandas ciudadanas de justicia y que ha terminado por arruinar el sistema.
Pero, como dije, vamos a dejar de lado esto y al menos en esta ocasión vamos a concentrarnos en el proceso mismo, que inició el pasado domingo. Previamente teníamos descontado que sería un ejercicio costosísimo, caótico, sin rigor y alejado de cualquier práctica democrática seria. Nunca fui optimista, democráticamente nació muerto, pero siempre quedaba una ligera esperanza de rescatar algo.
Desafortunadamente no ha habido sorpresas. Este descomunal desperdicio del dinero de todos los mexicanos sólo ha necesitado de unas horas para confirmar que será un fracaso. Explico algunas de mis razones.
Si pensábamos que en el 2024 vimos el nivel más bajo de la historia de las campañas políticas, parece que en el 2025 los candidatos del Poder Judicial están empeñados en poner la vara más abajo, la enterrarán. Estoy seguro de que muchos de estos candidatos tienen la dignidad profesional y la preparación para desempeñar de forma correcta el cargo al que aspiran legítimamente, pero la ocurrencia de la tómbola para que puedan “concursar” en el triste papel de candidatos sin recursos, los pone en una situación antinatural y lamentable para un futuro juez. En menos de cuatro días hemos sido testigos de campañas judiciales llenas de ocurrencias, propuestas indignas de juzgadores, espectáculos ridículos para intentar ganar el favor de los ciudadanos.
Por si eso fuera poco, estas personas que están llamadas a impartir justicia y preservar la ley, al menos durante este proceso están rompiendo las reglas; en primer lugar, por ese afán de ganar simpatías y, en segundo lugar, porque estamos ante unas reglas diseñadas con el nivel de profesionalismo que ha caracterizado al Gobierno en los últimos años, o sea, sin pies ni cabeza. No les justifico, pero es imposible hacer campaña bajo la normatividad que se la ha ocurrido a la 4T. No quiero ser mal pensado, pero pareciera que dieron por hecho que la campaña era sólo un trámite, ya que ellos podían encargarse personalmente de “elegir” al momento de conformar las mismas listas de candidatos y lo demás era lo de menos. Si no, revisemos Durango.
Tan sólo en las primeras horas de campaña hemos visto a las ministras consentidas del régimen iniciar sus campañas con eventos públicos de una magnitud e infraestructura que juega peligrosamente con una presunta violación a las reglas financieras del proceso, muy difíciles de justificar para aquellos candidatos que no sean abiertamente afines a la 4T.
Incluso, la misma presidenta, que ha dicho que somos el país más democrático porque vamos a elegir a nuestros jueces, ahora decide saltarse la prohibición del INE y promover la elección judicial. Caray, si ya se inventaron una elección a medida y a su gusto, al menos podrían respetar las reglas que ellos mismos aprobaron. Poca broma que solo demuestra la equivocada concepción de democracia que tiene el oficialismo y esconde una peligrosa vocación autoritaria.
Finalmente, por los ciudadanos. Hemos fracasado como sociedad cuando hemos intentado detener o al menos modificar la dirección de la avalancha que se venía, no hemos sido capaces de hacer entender a millones de mexicanos, muchos de ellos víctimas del sistema judicial, que, aunque el sistema que impartía justicia en nuestro país estaba terriblemente mal, lo que se pretendía con esta reforma y posterior ejercicio de elección es mucho peor. Nunca logramos subirlos al barco, la narrativa oficial fue más eficiente y la polarización como forma de gobierno rindió frutos nuevamente. Este fracaso seguramente se traducirá en un desinterés total. La ciudadanía estará ausente de esta elección, es más, ni siquiera ha sido invitada a contar los votos, por pocos que sean.
¡Un abrazo!
Los leo en X: @RubenFurlongM
Foto de Eleazar Narciso / Agencia Enfoque
