En Puebla, hablar del desarrollo inmobiliario sin mencionar a Grupo Proyecta y su emblema, Lomas de Angelópolis, es prácticamente imposible. Durante años, nos vendieron ese modelo como sinónimo de modernidad: fraccionamientos cerrados, vialidades «de primer mundo», centros comerciales por todas partes y promesas de seguridad y plusvalía para quienes pudieran pagarlo. Pero detrás de ese marketing, lo que en realidad se construyó fue un modelo profundamente desigual, sustentado en el abuso, la omisión y la impunidad.
Hoy que el gobernador Alejandro Armenta ha tenido la firmeza de cuestionar este modelo y señalar con claridad los excesos cometidos por Grupo Proyecta, los de siempre fueron los primeros en brincar. Quienes durante años se beneficiaron con permisos exprés, uso de suelo a modo, control territorial, presión política y complicidad institucional, ahora quieren presentarse como víctimas. No. El victimario no es la víctima.
Lomas de Angelópolis es el mejor ejemplo del «desarrollo» que solo beneficia a unos cuantos: expansión sin planeación, privatización de servicios, contaminación ambiental, segregación urbana, expulsión de comunidades y especulación con el suelo. Un modelo de ciudad al servicio del capital y no de la gente. Y todo esto con el respaldo de gobiernos que miraron para otro lado.
Lo que vemos aquí no es otra cosa que el rostro local del cártel inmobiliario: un grupo de empresas con poder económico y político suficiente para presionar, desinformar, condicionar y bloquear cualquier intento de regulación. Y como buen cártel, se organizan rápido y pegan fuerte cuando sienten amenazado su privilegio.
Y sí, hoy lo decimos con claridad: nadie está en contra de la creación de riqueza. Por supuesto que necesitamos inversión, infraestructura, vivienda digna, ciudades que crezcan. Pero lo que ya no podemos permitir es que ese desarrollo no genere bienestar compartido. No podemos seguir tolerando que unos cuantos acumulen mientras el resto sobrevive con servicios colapsados, vialidades rotas y territorios fragmentados.
Hoy, quienes se han beneficiado por años tienen una responsabilidad social que no pueden seguir evadiendo: devolverle algo a la ciudad, aportar al bienestar colectivo, reconocer que parte de su riqueza se construyó sobre el esfuerzo y los recursos de muchas y muchos que ni siquiera pueden acceder a una vivienda digna. Eso no es revancha. Eso se llama justicia.
El gobernador Armenta lo ha dicho con firmeza: el Estado no puede seguir subordinado al interés privado. Y no lo dice desde la confrontación, sino desde la necesidad de recuperar el equilibrio, de frenar los abusos, de garantizar que Puebla no siga creciendo con bases tan desiguales.
Este no es un pleito contra el progreso, es una exigencia para que el progreso deje de ser un privilegio. Porque mientras unos gozan de calles iluminadas, seguridad privada y parques cerrados, hay colonias enteras sin agua, sin drenaje y sin espacios públicos. ¿Eso es desarrollo? ¿Eso es ciudad?
El verdadero desarrollo se construye con justicia territorial, con planificación responsable y con bienestar para todos y todas. Quien no quiera entenderlo, simplemente no quiere soltar el privilegio. Pero Puebla ya cambió. Y la transformación también pasa por decirle al poder inmobiliario: sus tiempos de intocables, se acabaron.
Lo que hoy se exige no es castigo, es equidad. Y quienes tanto han ganado, ahora tienen que dar algo de vuelta. Porque construir una ciudad justa no es solo responsabilidad del gobierno: es deber de todos, empezando por quienes más se han beneficiado. Esa es la nueva ecuación del desarrollo. Y es justo lo que Puebla necesita.
