El fenómeno mercenario es tan antiguo como la guerra misma. Exmilitares y policías extranjeros se contratan para combatir con los ejércitos durante la guerra o el fin del conflicto provoca que los excombatientes se incorporen a empresas militares privadas para prestar sus servicios como consultores de seguridad; en otros casos, el mercenario se convierte en sicario y es reclutado por grupos delictivos.
Los mercenarios son un problema por su potencial desestabilizador y de violación a los derechos humanos, priorizan el lucro sobre lo moral, operan bajo un vacío legal o regulatorio y no tienen derecho a ser considerardos combatientes legítimos ni prisioneros de guerra; si son capturados serán tratados como criminales comunes.
La intensidad del conflicto armado interno vigente en México ha generado en los grupos delictivos la necesidad de incrementar sus capacidades paramilitares, derivando en la búsqueda de talentos entrenados y con experiencia en combate a fuego real en condiciones volátiles extremas. Los cárteles mexicanos están mejorando sus capacidades tácticas y de combate al contratar asesores y personal extranjero especializado, incrementándose los niveles de violencia.
Actualmente, reclutadores internacionales al servicio de la delincuencia organizada mexicana operan en Colombia, Guatemala Estados Unidos y Europa.
El caso de expolicías federales mexicanos contratados por el Ejército ucraniano sería consecuencia de algunas decisiones tomadas para la desaparición de un cuerpo policial de casi 35 mil efectivos que en su estructura tenía al grupo de operaciones especiales (GOPES), entrenado en manejo de explosivos, armas químicas e incursiones tácticas de alto impacto.
La decisión política para la extinción de la Policía Federal como unidad administrativa es una anomalía en la historia reciente del país que tuvo entre otras consecuencias, la inserción de expolicías en estructuras delictivas de alto impacto o su incorporación en empresas y consultorías de seguridad nacionales e internacionales.
En Colombia, la desmovilización de las FARC provocó que un número no determinado de excombatientes se vinculara con grupos delictivos. Militares desertores o en situación de retiro especializados en combate irregular certificados como Lanceros se han incorporado al mercado mercenario; la mayoría de los exmilitares colombianos que han cometido delitos en México ingresaron al país de forma regular en puntos de internamiento formal, donde el Instituto Nacional de Migración debería validar el perfil de viajero y determinar admisión o rechazo.
Soldados desertores de las fuerzas especiales de México “GAFES”, y de Guatemala “Kaibiles”, del grupo criminal Zetas, desde 1999 han sido generadores de violencia extrema; en los tres casos, el entrenamiento de este personal tiene su origen en el Curso Ranger del Ejército de EE.UU., adaptado a las condiciones de cada país.
La infiltración mercenaria o terrorista son riesgos inminentes a la seguridad nacional que deben ser advertidos y mitigados.
El Estado mexicano tiene la responsabilidad de crear estrategias para dar seguimiento al personal de seguridad y militar que posea conocimientos estratégicos y debe regularse la presencia de consultores de otros países que comercializan conocimientos, tecnología y equipamiento de seguridad o defensa.
México no ha suscrito la Resolución 44/34/1989 de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Utilización, Financiamiento y Entrenamiento de Mercenarios de las Naciones Unidas. Se argumenta la necesidad de una definición más clara del término, esto limita la capacidad de legislar en la materia. El destino nos alcanzó.
Eduardo Vázquez Rossainz es médico cirujano y doctor en administración pública; especializado en inteligencia y contraterrorismo. Es profesor en la Udlap, donde imparte la materia de Seguridad Nacional en un contexto global.
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