Hay de líderes a líderes.
“Hay unos que luchan un día y quienes luchan toda la vida” jajaja. Ya en serio.
Recuerdo cuando había líderes sociales de a deveras.
Defendían causas auténticas y no se disfrazaban.
Hoy en realidad, los seudo líderes son extorsionadores, tomando carreteras presionan y cerrando calles amenazan. Claro, echando por delante a familias y menores de edad.
Suponiendo, claro, que la autoridad nunca actuará. Pero les tengo una noticia. La autoridad actúa.
Renato Romero no es un activista: se trata de un operador político que, bajo el argumento de la defensa del agua, encabezó actos ilegales que incluyeron bloqueos en la autopista
México–Puebla, agresiones a trabajadores, destrucción de infraestructura y daños
millonarios a ciudadanos, empresas y servicios esenciales.
Las protestas que promovió provocaron pérdidas económicas superiores a los 30 millones de pesos por día, afectaron a miles de transportistas y usuarios, y pusieron en riesgo la vida de personas atrapadas en el caos vial. Hoy enfrenta denuncias ante la Fiscalía General del Estado por despojo agravado y daño en propiedad ajena.
Y por supuesto su detención no tiene nada que ver con la nueva ciber ley. ¿Defiende el agua o se aprovecha del conflicto?
Bajo el pretexto de oponerse a una obra hidráulica legal y con permisos, Romero organizó la ocupación violenta de un predio donde se realizaban trabajos autorizados, incendió tuberías, lanzó piedras, amenazó a trabajadores y encabezó bloqueos que paralizaron durante horas la autopista
México–Puebla. Su objetivo no era defender derechos, sino imponer su voluntad de manera violenta.
En mayo y junio de este año, Romero y su grupo cerraron una de las vías más importantes del país durante más de 10 horas, afectando a miles de usuarios atrapados en el tráfico, incluyendo personas enfermas que no pudieron llegar a sus tratamientos médicos, a transportistas que perdieron rutas, dinero y mercancía.
Dañó a familias enteras que dependen de esa carretera para trabajar, vender y moverse.
De acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), cada hora detenida de un tractocamión representa un costo de entre mil 200 y dos mil pesos, lo que se multiplica exponencialmente al considerar que por esa vía circulan diariamente más de 20 mil vehículos, muchos de ellos de carga pesada. Además, empresas como Volkswagen y Audi, con plantas en la región, reportan pérdidas millonarias ante cualquier interrupción en la cadena de suministros. A esto se suman las pérdidas de mercancía perecedera, los retrasos en servicios médicos de emergencia y el colapso del tránsito regional. Estas acciones no solo vulneran el Estado de derecho: afectan directamente a trabajadores, comerciantes, transportistas y familias poblanas.
Por otro lado, la empresa Agua de Puebla presentó una denuncia formal por despojo agravado y daño en propiedad ajena. Las pruebas presentadas, junto con los testimonios y videos, permitieron a la Fiscalía obtener una orden de aprehensión en su contra.
Romero no solo se enfrentó al Estado: agredió a trabajadores, destruyó bienes públicos y privados, y puso en riesgo la seguridad vial. Lo que está detrás no es una causa social, es una agenda política basada en la confrontación, el chantaje y la violencia.
El Estado tiene la responsabilidad de proteger a la mayoría frente a los abusos de unos cuantos. Renato Romero está siendo procesado conforme a derecho por sus acciones violentas.
Miles de ciudadanos pagaron las consecuencias del egoísmo y la violencia de un solo hombre.
Quemar tuberías, tomar instalaciones y cerrar autopistas no es activismo: es sabotaje.
En Puebla, los derechos se defienden con la ley, no con bloqueos, piedras y amenazas.
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