Una coalición de fiscales demócratas demandó este viernes a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, por intentar suspender la atención médica de reafirmación de género a menores de 19 años.
Los demandantes impugnan una orden ejecutiva firmada el pasado 28 de enero por el republicano, que cercenaba el acceso a bloqueadores de la pubertad, terapias hormonales y cirugía para jóvenes transgénero, algo que Trump considera como «una mutilación genital».
Asimismo, fijaba otras medidas como retirar la financiación a estos tratamientos y no patrocinar, promover, ayudar o apoyar la transición de género.
Y llamaba al Departamento de Justicia (DOJ) a investigar a las entidades proveedoras y especialistas en este tipo de atención sanitaria.
En su querella, la coalición de fiscales, procedentes de quince estados -entre ellos California, Nueva York, Connecticut, Delaware o Hawái-, argumentan que el Gobierno de Trump está intimidando a profesionales de la salud para convencerlos de que suspendan atenciones médicas de esta índole.
«La Administración está tratando de imponer ilegalmente una prohibición a nivel nacional de la atención sanitaria de reafirmación de género, amenazando a los proveedores con acusaciones penales e investigaciones sin fundamento».
Según los fiscales, el Departamento de Justicia (DOJ) ha tomado «medidas agresivas» para implementar la mencionada orden ejecutiva, llegando incluso a intimidar con consecuencias penales a profesionales sanitarios.
En este sentido, afirman, algunos ya han reducido o eliminado por completo sus servicios en este ámbito.
Además, apuntan que el DOJ ha solicitado datos privados de pacientes, añade la coalición, y reitera que ninguna ley federal prohíbe la atención médica para la reafirmación de género.
En Nueva York, por ejemplo, varios centros de salud «importantes» han cancelado «abruptamente» las citas médicas relacionadas con la reafirmación de género.
Por ello, los fiscales solicitan a un tribunal federal de Massachusetts que anule la orden de Trump.
En un comunicado, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, asegura que el Gobierno está «atacando sin piedad a los jóvenes que ya se enfrentan a enormes barreras solo por ser vistos y escuchados, y está poniendo en peligro innumerables vidas en el proceso».
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