Aunque su familia teme que en México la desaparezcan, Mary Martínez, una madre buscadora hondureña, regresa cada vez que puede para buscar a su hijo Marco Antonio Amador Martínez, -desaparecido en 2013-, mientras carga con la triple jornada de ser buscadora, además de cuidadora y proveedora de su hogar, frente al abandono del Estado.
«A ellos les da miedo lo que pasa aquí en México (…) que desaparecen a las madres y eso se difunde por todos lados».
Martínez, integrante del colectivo Comité Amor y Fe.
Como ella, muchas mujeres asumen la labor que le corresponde al Estado de buscar a sus familiares desaparecidos, al tiempo que lidian con la responsabilidad de cuidar y sostener su hogar, según el informe ‘Desaparecer otra vez: Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México’, de Amnistía Internacional (AI).
Nueve de cada 10 personas que buscan a sus familiares desaparecidos en México son mujeres, de acuerdo con AI, que desde 2011 ha registrado la desaparición de al menos cinco y el asesinato de 16 buscadoras en el país.
En su última visita a México, Martínez compartió que le resultó difícil dejar en Tegucigalpa a su hija y a sus nietas, con quienes vive y se quedaron preocupadas por los riesgos de su viaje, además de que ella cuida a las niñas para que su hija pueda trabajar.
«Pero hija, le digo, no puedo dejar de hacerlo porque si fueras vos la que estuvieras desaparecida, yo lo haría (…) Y a mí me hace falta mi hijo y lo voy a seguir buscando».
Cada que Mary vuelve a México, también carga con las fotografías de otros desaparecidos centroamericanos para difundirlas y «ser la voz de todas esas madres que están esperando una noticia de su hijo» y no pueden trasladarse al país.
«Porque esa incertidumbre, a nosotras las madres, a las familias que tenemos un hijo desaparecido, nos está matando (…) Nos está trayendo muchas enfermedades como la hipertensión, el azúcar (diabetes), el olvido en nuestra mente».
AI advirtió que el 97 % de 661 mujeres buscadoras encuestadas han enfrentado violencia y afectaciones físicas, emocionales, sociales y económicas, en el marco de sus labores de búsqueda, que van desde enfermedades crónicas hasta empobrecimiento y desplazamiento forzado, entre otras.
Doble discriminación
Además, AI identificó que las buscadoras de personas migrantes y pertenecientes a pueblos indígenas enfrentan discriminación estructural e interseccional que dificulta su acceso a autoridades y servicios, debido a barreras como el idioma, la nacionalidad y requisitos migratorios, lo que agrava la violación de sus derechos humanos.
Beatriz Zapoteco, fundadora del colectivo Buscando Justicia por los Nuestros, que agrupa a más de 20 mujeres indígenas del estado de Guerrero (sur), recapituló que fue tanta la inacción de las autoridades tras la desaparición de su esposo Santiago Tixteco Cosme en 2016, que decidió estudiar Derecho por su cuenta para comprender el sistema de justicia.
«Mi vida cambió mucho. Yo era muy dedicada a mi familia, a mi hogar, a mis hijos (…) y ahora tengo doble trabajo y a veces hasta triple porque tenemos que encontrarlo como sea».
Beatriz Zapoteco
También señaló que, como mujeres indígenas, la búsqueda se les complica «en todos los ámbitos», especialmente por la lejanía de sus comunidades con la capital, Chilpancingo, donde deben hacer denuncias y trámites.
Martínez resaltó que para los familiares de personas migrantes desaparecidas los obstáculos se intensifican al no poder desplazarse a México, y recordó que hubo un tiempo en que las autoridades repatriaban tierra o bolsas de ropa, por lo que ahora «las madres abren los ataúdes para verificar si va el cuerpo ahí».
México acumula más de 130 mil personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.
No obstante, las cifras oficiales solo reportan 267 personas migrantes desaparecidas en México, por lo que Amnistía Internacional alertó de un «importante subregistro».
Foto de EFE
