La entrada en vigor de la nueva Ley Antilavado en México representa un desafío mayor para las empresas, profesionistas y organizaciones que realizan actividades consideradas vulnerables. Así lo señaló José Darío Zamorano Mendoza, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla (CCPEP), quien subrayó que, aunque implica más obligaciones y sanciones, también abre una oportunidad para fortalecer la cultura de transparencia y elevar la confianza en el sector empresarial.
“La nueva Ley Antilavado exige un mayor nivel de responsabilidad, pero al mismo tiempo permite demostrar compromiso con la legalidad. Cumplir ya no es solo una obligación, sino una estrategia para la permanencia de cualquier negocio”, afirmó Zamorano.
Principales sanciones de la Ley Antilavado
De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), las sanciones incluyen:
- Prisión de 2 a 8 años por presentar documentación alterada o ilegible.
- Multas de 500 a 2,000 días de salario mínimo.
- Cancelación de sellos digitales, lo que impediría a las empresas emitir facturas.
- Responsabilidad solidaria, en la que directivos, administradores y representantes legales también pueden ser sancionados.
- Pérdida de reputación empresarial, con impactos directos en la confianza de inversionistas, socios y clientes.
La coordinadora de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del CCPEP, Berenice Espinoza Moreno, explicó que esta reforma marca un cambio de paradigma en el cumplimiento legal, ya que amplía las obligaciones, refuerza sanciones y eleva la responsabilidad de las empresas y sus directivos.
Nuevas obligaciones para empresas y profesionistas
La normativa obliga a implementar medidas de prevención más estrictas, entre ellas:
- Identificación reforzada de clientes de alto riesgo y Personas Políticamente Expuestas (PEP).
- Conservación de información y documentos por un periodo mínimo de 10 años.
- Sistemas automatizados para el control interno.
- Auditorías anuales para revisar el cumplimiento.
- Creación de manuales, políticas internas y programas de capacitación en materia de prevención.
- Supervisión directa de administradores y representantes legales sobre el cumplimiento de la ley.
Transparencia y prevención: claves para los negocios
Con la nueva Ley Antilavado, las empresas deberán ver el cumplimiento no solo como una obligación legal, sino como una estrategia de permanencia y competitividad. Para el CCPEP, esta normativa es una oportunidad de profesionalizar al sector empresarial poblano y demostrar un compromiso real con la prevención del lavado de dinero en México.
