Concesionarios de Centros de Verificación de Tlaxcala denunciaron cierres presuntamente irregulares de empresas que emiten engomados con validez en la Ciudad de México y su zona metropolitana.
El grupo de empresarios expusieron posibles clausuras fabricadas, procesos legales abiertos y falta de evidencias en los cierres impulsados por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado (PROPAET), encabezada por Iván García Juárez.
En un escrito de denuncia, revelaron que tras los cierres de dichos centros, sospechosamente se permitió permitir la apertura de nuevos espacios para brindar el servicio a miles de automovilistas.
Los inconformes llamaron a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros a tomar conocimiento e intervenir de manera directa para revisar los expedientes y verificar el actuar de algunos de sus funcionarios.
Además, anunciaron que buscarán la intervención de la senadora por el estado de Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera, para que conozca la problemática, redes y posibles componendas y emita desde el Senado de la República un punto de acuerdo para transparentar lo que sucede en el sector ambiental.
Los empresarios denunciaron la reciente clausura de tres centros de verificación en el municipio de Apizaco, y al mismo tiempo se permitió la apertura de un nuevo Centro de Verificación que –acusaron- no exhibe número consecutivo de su autorización de funcionamiento.
Recordaron que entre 2022 y 2023 hubo cierres o clausuras presuntamente irregulares en centros de Santa Úrsula, Yauhquemehcan y en Apizaco, cuyos dueños debieron ampararse.
Al iniciar la actual administración estatal solamente había 29 centros en operación y hoy existen 36, autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente.
Todos los centros, son auditados ambientalmente por PROPAET en cuanto a normas estatales y por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en cuanto a normas federales.
