El mayor fondo soberano del mundo -el Government Pension Fund Global (aprox. US $2 billones), gestionado por Norges Bank Investment Management- anunció esta semana la exclusión de Caterpillar Inc. y de cinco grupos bancarios israelíes (Bank Hapoalim, Bank Leumi, Misrahi-Tefahot, First International Bank of Israel y su controladora FIBI Holdings) al considerar un “riesgo inaceptable” por contribuir a violaciones graves en Gaza y Cisjordania. La decisión fue resultado de las recomendaciones del Consejo de Ética del 25 de junio y del 2 de julio pasados, formalizada por los directivos de Norges Bank.
¿Qué se les reprocha a estos bancos? Que bulldozers de Caterpillar han sido empleados por autoridades israelíes en la destrucción ilegal y generalizada de propiedad palestina, y que dichas entidades financieras habrían prestado servicios indispensables (hipotecas, créditos) para construcciones en asentamientos en territorio ocupado. Esos hechos, según Norges, activan el criterio de conducta que impone salir cuando la probabilidad de contribución o complicidad con actos ilegales es inaceptable.
Al 30 de junio pasado, el fondo tenía alrededor de US $2.1 mil millones en Caterpillar (aproximadamente 1.17 por ciento del capital) y cerca de US $661 millones combinados en los bancos israelíes.
La acción de Norges traduce a política de inversión principios de derecho internacional: (i) la prohibición de adquirir territorio por la fuerza, como ya se ha comentado en este espacio, establecida en el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, (ii) la reiterada calificación de ilegalidad de los asentamientos en el territorio palestino ocupado, y (iii) los Principios Rectores de la ONU y las Directrices de la OCDE, que exigen debida diligencia reforzada en zonas de conflicto y cortar relaciones de negocio cuando el riesgo no puede mitigarse. En palabras del Consejo de Ética, el uso y la financiación identificados crean un riesgo inaceptable de contribuir a violaciones del derecho internacional humanitario (DIH).
¿Por qué importa esto a empresas e inversionistas? En primer lugar, por estándar aplicable. Cuando un actor sistémico con aproximadamente US $2 billones internaliza el DIH en su monitor de cartera, eleva las exigencias de compliance y due dilligence. En segundo lugar, por responsabilidad en cadena. La narrativa “yo vendo, no decido en qué se usa lo que vendo” pierde fuerza si hay alertas creíbles sobre uso final inadecuado, en este caso actividades ilícitas en territorio ocupado. Y, en tercer lugar, gobernanza y disclosure. Consejos de administración deberán probar controles de uso final, monitoreo continuo y, llegado el caso, desinversión.
La medida se inserta en una revisión acelerada de la exposición a Israel que Norges realiza desde mediados de agosto, por lo que podría haber nuevas exclusiones si las salvaguardas corporativas no cumplen con estándares de debida diligencia en conflicto armado.
Este movimiento de Noruega no es un gesto simbólico: es jurisprudencia de mercado, que señala que allí donde el derecho internacional identifica violaciones graves y la mitigación no es viable, el capital responsable debe retirarse. En Gaza y Cisjordania, eso ya tiene nombres y apellidos: Caterpillar y cinco bancos israelíes que han quedado fuera del mayor fondo soberano del planeta.
