El Partido Acción Nacional (PAN) propuso endurecer el castigo por el delito de fraude y despojo inmobiliario y aplicar una pena de hasta 15 años de prisión si hay complicidad con un servidor público.
La diputada, Celia Bonaga Ruiz, presentó una reforma a los artículos 404, 407 y 409 del Código Penal de Puebla para establecer una agravante que permita encuadrar con mayor puntualidad este delito.
Explicó que en muchas ocasiones las personas que pretenden despojar o apoderarse de un inmueble buscan la validación o ejecución del acto en cuestión para simular que se trata de un procedimiento legal.
Consideró urgente establecer un castigo más severo para quienes incurren en el delito y también para los servidores públicos que abusando de su cargo, faciliten, validen o ejecuten el acto fraudulento.
“La sanción se incrementará en una mitad cuando el fraude se cometa en materia inmobiliaria con la participación activa o pasiva de persona servidora pública. Esto cuando abuse de su cargo, faciliten, validen o ejecuten el acto fraudulento”.
Hay que señalar que la iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.
