A finales de agosto se dio a conocer que en Estados Unidos fue detenido Bernardo Gómez Guajardo, regidor panista de Río Bravo, junto a su esposa Lesley Chaves. La acusación: fraude electrónico millonario con programas de apoyo implementados durante la pandemia. Alteraron documentos para inflar montos y desviaron más de 685 mil dólares a criptomonedas, lujos personales y cuentas privadas.
El caso es escandaloso no solo por la cifra, sino por quién es Gómez Guajardo. Fue designado por el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) tras la integración del Cabildo, y dentro de sus funciones ocupa comisiones clave: Obras Públicas, Energía y la presidencia de Agua. Un tema especialmente sensible para la población fronteriza, donde la escasez e infraestructura colapsada son el pan de cada día. Pero mientras tanto, el regidor vivía con su familia en McAllen, Texas, y presumía ser “CEO” de una agencia de marketing llamada Brand Boosters.
Su caso recuerda a Rosario Robles, quien en tiempos de Peña Nieto terminó en prisión por la llamada “Estafa Maestra”, aunque nunca se le probaron plenamente los desvíos. La diferencia es que a Gómez lo procesa la justicia estadounidense, que no perdona fraudes contra el erario. Aquí, en México, las acusaciones suelen perderse en un mar de tecnicismos y pactos políticos.
Lo de Gómez Guajardo es apenas la punta del iceberg. ¿Cuántos más hay en todo el país que han robado el recurso del pueblo para sus propios fines? Funcionarios que, bajo la sombra de sus padrinos políticos, cruzan intereses, se enriquecen y siguen intocables. Malos servidores públicos que deberían estar en la cárcel, pero a quienes la justicia mexicana rara vez alcanza, como recientemente, a Hernández Requena.
La detención de un regidor fronterizo nos recuerda lo obvio y lo incómodo: en México, la justicia avanza como tortuga… y solo cuando la justicia extranjera mete presión, los casos se destapan.
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