El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, advirtió que su administración dará seguimiento a las investigaciones contra empresas que, desde hace muchos años, se han dedicado a amenazar e intimidar a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios para despojarlos de sus terrenos.
El mandatario estatal señaló que estas prácticas contaron con la complicidad del antiguo régimen, particularmente de integrantes del Poder Judicial.
“En el viejo régimen, jueces, magistrados y ministros, tanto locales como federales, le daban la razón al que despojaba. Frente a la queja o denuncia, acusaban de violencia al legítimo propietario, cuando en realidad lo único que quería era recuperar su tierra”.
El gobernador refirió que diversas desarrolladoras recurrían incluso al uso de la fuerza pública para ejecutar desalojos, y calificó como “impresionante” la ruta de corrupción entre los grupos involucrados en estos despojos.
Armenta Mier indicó que actualmente existen múltiples carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE) relacionadas con estos casos.
“El Gobierno va a estar muy pendiente, ya que estos temas están en manos de la Fiscalía. Son muchos y no corresponden necesariamente a nuestra administración; derivan de complicidades que se dieron en el ejercicio de la función pública”.
Por otra parte, Armenta informó que se ha detectado que algunas empresas inmobiliarias están arrojando escombros en los márgenes del río Atoyac, dentro de la zona federal. Ante ello, instruyó al secretario de Seguridad Pública a coordinarse con la Secretaría de Infraestructura, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para revisar el tema.
Al depositar escombros, estas empresas ganan terreno a la zona federal para construir vivienda sobre suelo blando, lo que representa un alto riesgo ante una posible crecida del río.
“Es una situación de alto riesgo, con posible colusión de intereses y presuntos actos delictivos. El agua puede retomar su cauce y llevarse viviendas completas”.
El gobernador Alejandro Armenta aclaró que no se trata de asentamientos irregulares, sino de terrenos que han sido escriturados o regularizados, por lo que es necesario realizar una revisión a fondo.
Foto de Mireya Novo/Agencia Enfoque
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