Por Laura Lucía Romero Mireles
El ecocidio desplaza a poblaciones enteras, provoca crímenes contra los defensores del medio ambiente y se asocia a otros fenómenos globales como el cambio climático, por lo que podría tratarse de un delito muy cercano al genocidio, consideró Gerardo Torres Salcido, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM.
Esa entidad, explicó, trata de impulsar visiones nuevas sobre Latinoamérica, por lo que cuenta con académicos destacados en los ámbitos nacional e internacional que investigan fenómenos como desplazamientos, despojos y violencias también contra las comunidades.
Al participar en el Seminario Internacional “El delito de ecocidio en América Latina”, Torres Salcido dijo que en el Centro que dirige “estamos interesados en los derechos humanos y la interrelación entre la sociedad y nuestros ecosistemas”, porque ese es un problema creciente en la región.
Jojo Mehta, directora general de Stop Ecocidio Internacional, señaló que en el siglo XXI finalmente “estamos comenzando a experimentar un nuevo consenso: que la naturaleza no es prescindible. Dependemos por completo de ella y somos responsables de ella”.
En su mensaje a distancia recordó que nuestra cultura económica global creció a partir de una mentalidad dualista que está profundamente integrada en el pensamiento occidental, al entender que la naturaleza es algo distinto y separado de los seres humanos, lo que nos ha llevado a la explotación irrestricta de los recursos naturales, al punto de destruir los ecosistemas vitales “que mantienen la vida, incluidas las nuestras y nuestros medios para vivir”.
Por ello, “debemos buscar intervenciones sistémicas, que pueden cambiar muy rápido las percepciones culturales. La ley de ecocidio, que reconoce como delitos graves los daños más severos a la naturaleza, es una intervención de este tipo”.
La iniciativa de criminalizar esos actos ha ganado un impulso considerable. Se han propuesto leyes en muchas jurisdicciones nacionales, incluidos varios países de América Latina (AL), y en septiembre de 2024 se presentó una propuesta para enmendar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, para incluir el ecocidio como un delito internacional.
Rodrigo Lledó, director para las Américas de la misma fundación, opinó que la tipificación del ecocidio como crimen internacional es una iniciativa más de las muchas que se necesitan, y será parte de la solución de los problemas en ese ámbito.
En América Latina ha habido proyectos de ley en torno al tema. México no ha sido ajeno a ese proceso y ha tenido proyectos de ley de ecocidio en 2018 y otros en 2020, 2021 y 2023, pero no ha “quedado” ninguno. A nivel estatal, está incorporado en el Código Penal de la Ciudad de México, Jalisco y Chiapas, pero no está regulado de manera tan armonizada, ni entre ellos ni en relación con la definición internacional.
En tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no menciona el ecocidio, pero sí que “se adelantan esfuerzos por penalizar en los ámbitos nacional e internacional conductas que generan daños masivos y duraderos a nuestros ecosistemas”, mencionó Rodrigo Lledó.
Eva Leticia Orduña Trujillo, investigadora del CIALC, recalcó que la afectación climática y del medio ambiente se vincula con el perjuicio de otros derechos: el primero de ellos, la vida.
América Latina es la región del mundo donde se registran más agresiones a defensores de derechos ambientales: asesinatos y desapariciones forzadas se cuentan entre las situaciones más graves, alertó.
También se da la estigmatización, al tacharlas como opositoras al desarrollo o “terroristas”, desacreditando su lucha, y se les criminaliza con el brazo más potente del Estado: el encarcelamiento.
Natalia Denise Alonso, integrante del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de esta casa de estudios, advirtió que las condiciones estructurales de AL en el sistema-mundo deben ser consideradas y entendidas a la hora de hacer política ambiental, de articular demandas socioambientales y de legislar sobre ecocidio.
Asimismo, reconoció que la movilización social por la justicia ambiental en la región se ha ido apropiando del término ecocidio y construyendo la percepción de su riesgo aunque no esté sucediendo, y sin aplicar o no la definición técnica.
Hay la necesidad de trabajar en la acepción de ecocidio situada en América Latina, desde y para las necesidades de nuestra región, que también puede ser relevante para otras del sur global. “Aunque cada una tiene sus historias, podemos tener problemáticas parecidas”, concluyó.
