Al menos denos un respiro. Todavía no salimos de una y ya estamos metidos en la otra. Como si se les fuera a acabar el tiempo, como si su juguetito legislativo estuviera a punto de descomponerse y ya no pudieran usarlo. Con desesperación lo alimentan con iniciativas diarias: la mayoría absurdas, algunas preocupantes y otras francamente peligrosas.
Entendemos el miedo. Saben que presiden un Congreso pirata, con una mayoría artificial que no representa el porcentaje real de votos obtenidos en las urnas. Tal vez por eso no duermen tranquilos: intuyen que, como todo juguete barato, se les va a romper pronto. Y quizá no se equivocan; si no, ¿cómo explicar el “retoque” de retroactividad que los senadores le dieron a la iniciativa de la nueva Ley de Amparo enviada por la presidenta Sheinbaum? Algo debe estar fallando.
Y aunque nadie va a acusar nunca a nuestra presidenta de temblarle la mano a la hora de jugar a la autoritaria, lo cierta es que ahora sí se pasaron, con esta iniciativa, el Estado de Derecho mexicano toma vacaciones permanentes.
Con ella, la presidenta ha optado por retirar la silla a los empresarios nacionales y extranjeros justo antes de sentarse a la mesa de inversiones. Nunca fuimos ejemplo de estabilidad jurídica, pero ¿de verdad era necesario rematarla? ¿Nadie les ha dicho que un ambiente de negocios no puede parecerse al Far West, donde no había ley y todo se arreglaba a balazos?
El debilitamiento del derecho y de la certeza jurídica no es un tema de analistas: es una póliza de riesgo que pagaremos todos, desde la señora de la tortillería que ya no podrá detener un abuso municipal sin abogados y efectivo, hasta las grandes corporaciones.
¿Quién, en su sano juicio, invertiría a largo plazo en un país donde las reglas del juego se reescriben retroactivamente? El capital es cobarde por naturaleza, y cuando el Poder Judicial tiene las manos atadas, ahora sí constitucionalmente, para frenar actos arbitrarios del Ejecutivo o el Legislativo, el capital no sólo no llega, emigra.
El resultado: proyectos detenidos, inversiones aplazadas y un “ya veremos” como política económica. Nada que unas mentirillas mañaneras no controlen, por un tiempo.
La nueva rigidez para suspender un acto reclamado es un chiste de muy mal gusto. Exigir depósitos en efectivo o cartas de crédito equivale a poner un letrero que diga: “Aquí se defiende quien tenga mucho cash en el bolsillo.” Las MiPyMEs, el corazón real de la economía mexicana, quedan expuestas a cierres fulminantes. ¿Qué pequeña empresa tiene esa liquidez ociosa? No en este México real, el que no se ve desde Palacio Nacional. Un golpe muy bajo a la competencia justa.
El amparo se convierte en un tigre de papel que no espanta a nadie, y con ello el costo del riesgo sube. Es la inflación del riesgo país: se encarecen los créditos, se encoge la confianza y se dinamita la inversión. Si querían generar su propia inestabilidad, ¡lo están haciendo bien, sigan así!
En el escenario internacional, reformas como ésta, además de los embates a los órganos autónomos y las reformas judicial y electoral, no se leen como “ajustes técnicos”, sino como confirmaciones de que México se está convirtiendo en un socio comercial de alto riesgo político.
Llevamos semanas hablando del boom del nearshoring, pero esa oportunidad depende de lo que esta reforma destruye: certeza jurídica. Los inversionistas no buscan mano de obra barata, sino un entorno confiable para sus operaciones globales. Si ven que una garantía básica como el amparo se restringe y que las reglas cambian retroactivamente, el mensaje que reciben es directo: “Su dinero no está seguro aquí.”
Y así, las inversiones que esperábamos terminarán aterrizando en países con algo que nosotros estamos perdiendo: previsibilidad.
La ley deja de ser un asunto interno cuando afecta la capacidad de las empresas para defender sus activos frente a decisiones discrecionales. Acciones como esta sólo abonan terreno para futuras controversias comerciales, con un argumento de peso en contra: la falta de un Estado de Derecho robusto.
Si ya éramos famosos por los “cambios de último minuto” en temas energéticos o aduanales, ahora estrenamos otra joya: “El amparo para valientes.”
Y justo cuando arrancan las consultas para revisar el T-MEC, Estados Unidos y Canadá, nuestros socios comerciales observan con atención quirúrgica.
Como bien ha señalado la COPARMEX, la aplicación retroactiva de la Ley de Amparo es un acto de barbarie legal que destruye la confianza. Le deja claro al inversionista que en México las reglas pueden cambiarse después de que ya invirtió. Una estrategia perfecta para espantar al dinero.
El sector empresarial no puede seguir lamentándose bajo la luna llena. Ya son muchos golpes y pocas lunas. Se necesita una estrategia con más punch y menos llamados respetuosos.
Es momento de que las cúpulas empresariales pasen del lobbying a la acción jurídica estratégica, ¿por qué no crear un fondo colectivo de litigio constitucional que financie casos emblemáticos? Como el de la tortillería que enfrenta abusos municipales o el de la fábrica familiar que no puede garantizar una suspensión por falta de efectivo, y llevarlos a la Suprema Corte o incluso a tribunales internacionales.
El amparo no puede ser propiedad exclusiva de aquellos tengan acceso a un gran capital: es el escudo de los ciudadanos.
La defensa del amparo debe articular una alianza entre cámaras empresariales, sociedad civil, academia y colegios de abogados. Mostrar que proteger el amparo es defender derechos sociales, ambientales y económicos. La fuerza política está en la legitimidad social.
Además, el empresariado debe documentar y exponer ante organismos internacionales, con datos duros, cómo las nuevas disposiciones violan tratados y afectan la inversión. No es traicionar a la patria, es defender su futuro.
La reforma a la Ley de Amparo es un trofeo más en el anaquel de la discrecionalidad legal del aspirante a dictador. Ahora la pelota está en la cancha de los empresarios: o se adaptan al juego de esta ruleta rusa jurídica, o se convierten en una resistencia activa y organizada que exija la restauración de la certidumbre.
La justicia no se ruega: se exige. Y si las instituciones no funcionan, hay que usarlas implacablemente para exhibir su ineptitud.
¡A jugar, antes de que el telón de la inversión caiga por completo!
Un abrazo.
Rubén Furlong Martínez
Los leo en X: @RubenFurlongM
