La historia política de México está llena de contradicciones, de líderes que dicen una cosa y hacen otra. Pero pocas veces habíamos visto un caso tan descarado como el actual. Quienes llegaron al poder envueltos en un discurso de justicia social, democracia y cercanía con la gente, hoy se muestran por lo que realmente son: gobernantes que prefieren callar la voz del ciudadano antes que escucharla, que se atrincheran en el poder antes que rendir cuentas. Se quitan la careta, y debajo no hay nada de demócratas; lo que aparece es el rostro de unos tiranos.
La reforma a la Ley de Amparo es el botón de muestra. Durante décadas, el amparo fue el recurso más valioso con el que contaba cualquier persona para detener un acto arbitrario de autoridad. Fue la creación más noble de nuestro constitucionalismo liberal, una puerta abierta para que el débil enfrentara al poderoso, un instrumento que garantizaba que nadie estuviera por encima de la ley. Benito Juárez lo entendió como un dique contra los abusos; la Constitución de 1857 lo plasmó como un derecho fundamental, y la de 1917 lo consolidó como un orgullo nacional. Hoy, esa tradición se pisotea.
La reforma aprobada convierte al amparo en un recurso limitado, enrevesado y prácticamente inútil para el grueso de la población. Ya no será sencillo obtener la protección de la justicia frente a un acto de gobierno injusto; por el contrario, se establecen barreras que desaniman al ciudadano común y facilitan a las autoridades darle la vuelta. El resultado es brutal: el gobernado queda solo, sin herramientas reales para defenderse, mientras que los actos de la autoridad quedan blindados.
Imaginemos a un pequeño comerciante afectado por una clausura arbitraria, a una familia que ve expropiada su propiedad sin una compensación justa, a una comunidad cuya agua es contaminada por una decisión oficial. Antes, todos ellos podían acudir al amparo para frenar el atropello. Ahora, su voz encontrará puertas cerradas y muros legales. El mensaje es terrible: el Estado ya no teme al escrutinio, porque ha debilitado la única llave que podía abrir la puerta de la justicia.
Lo que esta reforma deja claro es que la democracia fue, para los actuales gobernantes, un disfraz útil para llegar al poder. Se presentaron como aliados del pueblo, pero apenas se vieron consolidados en el cargo, comenzaron a desmontar los mecanismos que protegían a ese mismo pueblo. La democracia, entendida como contrapesos, límites y defensa de libertades, ha dejado de ser su prioridad. Lo que buscan ahora es control, obediencia y sumisión.
La verdadera prueba de los gobiernos no está en lo que prometen, sino en lo que hacen con los derechos de la gente. Y en este caso, han optado por el camino más peligroso: arrebatarle al ciudadano su última defensa. Al hacerlo, se desnudan y confirman lo que muchos temían: que detrás de las palabras grandilocuentes no había más que la ambición de controlar. Eso, y nada más, es tiranía.
*Presidente Nacional del PRI.
