En un mes, en noviembre próximo, se extinguirá el plazo que tenían los transportistas para cumplir con los requisitos y pasar la revista vehicular que comenzó en julio pasado —con tiempo de sobra para solventar cualquier irregularidad de las unidades—. Las consecuencias de no hacerlo serán duras: en febrero de 2026 comenzará el decomiso de las unidades irregulares y las piratas, y los concesionarios además se harán acreedores a la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Las cosas van en serio y a los funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) del gobierno del estado, que encabeza Silvia Guillermina Tanús Osorio, no les temblará la mano, para aplicar la ley y las sanciones, que son en muchos casos severas.
La anarquía y complicidades del transporte público que han existido en Puebla se terminarán al costo que sea, es la instrucción y por ello el nombramiento, en diciembre pasado, de Tanús como titular de SMT; mujer de experiencia y además fama de mano dura, muy dura.
Hace un par de meses, un grupo de periodistas tuvo una reunión con ella y ofreció datos reveladores de lo que viene y lo que ha ocurrido con un gremio de concesionarios, en el que algunos estaban muy acostumbrados a la corrupción, que se ha resistido a la regularización de sus unidades y actividades.
El tema del transporte es de tal magnitud que representa y tiene que ver con la gobernabilidad del estado.
El combate a la corrupción de presidentes municipales, ex funcionarios y de concesionarios ha sido la primera y ardua tarea en los 10 meses de la actual administración. Es un laberinto interminable de recovecos oscuros y perversos: “aquí no tienes que pedir dinero”, como hipótesis; “aquí te la ofrecen”, como una realidad añeja, describió la titular de la SMT.
En este mismo sentido, la actual administración ha tenido que combatir y anular a los coyotes, que ofrecen gestorías y cobran por trámites y servicios que son, de por sí, gratuitos en la SMT.
El último día de noviembre terminará la cuenta regresiva y comenzarán las consecuencias.
Los vehículos con más de 10 años de antigüedad ya no podrán prestar servicios en la capital poblana y en el interior del estado el límite es de 12 años.
El 6 de agosto pasado, por cierto, y sobre el transporte concesionado en los municipios, el gobernador advirtió a las autoridades municipales que cumplan la ley y que no se coludan: «no se metan en el negocio del transporte, saquen las manos, se acabó la fiesta. Sabemos de algunos que promueven la proliferación de unidades irregulares», advirtió el gobernador Alejandro Armenta en la conferencia de prensa de ese día.
En el tema de taxis, además de que fue descontinuado por incumplir con las normas de seguridad, todas las unidades modelo Tsuru tendrán que salir de circulación. En tanto, Uber y demás plataformas deberán firmar un convenio con la SMT, para su regulación, pues han generado un grave problema, con el aumento de siniestros viales.
Apenas en la legislatura pasada, como diputada local, Silvia Tanús fue la responsable, como presidenta de la comisión respectiva, de sacar las reformas a la Ley de Movilidad y, con una cierta ironía de la vida, es a ella, ahora como titular de la secretaría de Movilidad y Transporte, a quien le toca aplicarla en la realidad.
“Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo”, reza el dicho popular.
En este caso, es incluso la misma cuña.
