El coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, informó que la iniciativa para reformar el Código Penal en materia de despojo inmobiliario contempla el endurecimiento de las sanciones, con penas de hasta 15 años de prisión y multas de hasta 3 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale actualmente a 351 mil 930 pesos, o hasta 469 mil 240 pesos en caso de agravantes.
El funcionario detalló que los supuestos agravados consideran castigos más severos cuando el delito se cometa en perjuicio de personas adultas mayores, personas con discapacidad, menores de edad o comunidades indígenas. También aplicarán cuando exista participación de servidores públicos, simulación de actos de autoridad, uso de documentos falsos o inscripción de actos simulados en el Registro Público de la Propiedad.
Asimismo, se contempla sancionar la participación dolosa de notarios públicos que faciliten o encubran este tipo de delitos.
De acuerdo con la propuesta, las penas base irán de 6 a 12 años de prisión y multas de 100 a 1,500 UMAS. En tanto, para quienes financien, dirijan o sean autores intelectuales del delito, las sanciones oscilarán entre 7 y 15 años de cárcel y multas de mil a 3 mil UMA.
Además, cuando exista un fin lucrativo, como la lotificación o comercialización irregular de terrenos, las penas se incrementarán hasta en una tercera parte.
García Parra señaló que esta iniciativa responde a los casos registrados durante el último año y busca cerrar el paso a prácticas de corrupción. Finalmente, indicó que el proyecto ya se encuentra en manos de las y los diputados, quienes analizarán y fortalecerán el objetivo de la propuesta.
Foto de Oscar Rodríguez/Agencia Enfoque
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