Exiliados venezolanos denunciaron este martes «el intento ilegal de deportación directa» de Estados Unidos a Venezuela del teniente Germán Rodolfo Varela, disidente militar del fallecido presidente (1999-2013) Hugo Chávez y acusado por el chavismo de terrorismo.
Los Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), con sede en Miami, expresaron en un pronunciamiento «su más enérgica condena y alarma extrema» porque el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Phoenix, Arizona, ha iniciado la expulsión de Varela a Venezuela, donde corre «riesgo de tortura y ejecución».
La organización sostuvo que hay una «persecución persistente por su historial como disidente militar de alto perfil», al asegurar que en Venezuela «la represión continúa bajo remanentes del aparato estatal» tras la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación estadounidense en Caracas el 3 de enero.
«La vida del teniente Germán Varela López está en peligro inminente; no permitiremos que la persecución política de más de dos décadas se extienda a territorio estadounidense mediante deportaciones ilegales»
Veppex recordó que el teniente, detenido en noviembre en EE.UU., huyó de Venezuela hace más de dos décadas tras ser «uno de los militares valientes de la Plaza Altamira en 2002» que «se declaró en desobediencia contra el gobierno de Hugo Chávez por violaciones constitucionales y presencia de actores extranjeros armados».
Varela formó parte, en octubre de 2002, de un grupo inicial de 14 militares que se pronunciaron contra Chávez al declararse en «desobediencia ilegítima» frente al entonces mandatario, quien en abril de ese mismo año había sufrido un golpe de Estado que lo apartó del poder durante tres días.
Las autoridades del chavismo lo acusaron en 2003 de terrorismo por su presunta participación en colocar bombas en la Embajada de España y el Consulado de Colombia en Caracas.
Los exiliados argumentaron ahora que desde 2005 un juez estadounidense le concedió protección definitiva bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) porque «su retorno a Venezuela implicaría un riesgo creíble e inminente de tortura, maltrato grave o ejecución».
Por ello, Veppex consideró que su deportación sería «una violación grave» al derecho internacional y a las obligaciones de Estados Unidos bajo la Convención contra la Tortura.
Además, alertó de que sería «un precedente extremadamente peligroso para miles de exiliados venezolanos con protección CAT, en plena transición política incompleta e incierta».
La organización pidió «la intervención directa» del secretario de Estado, Marco Rubio, y «un moratorio temporal general a deportaciones de venezolanos protegidos por CAT, hasta que se estabilice la transición democrática en Venezuela y se elimine el riesgo de persecución».
Con información de EFE.
Foto: EFE
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