En un contexto de polarización y desconfianza, hablar de democracia es hablar de confianza: creer que nuestro voto cuenta y que no es manipulado. Por eso, la autonomía de los órganos electorales en México no es un detalle técnico, sino una garantía ciudadana.
La reforma de 1996 otorgó autonomía constitucional al IFE, y en 2014 se consolidó como INE. El artículo 41 de la Constitución establece elementos clave: presupuesto propio, consejeros elegidos por consenso multipartidista y reglas técnicas independientes como el PREP y el conteo distrital. Todo para asegurar que el árbitro electoral no sea un instrumento del gobierno. Sin esta estructura, elecciones históricas como las de 2000 o 2018 no habrían sido posibles.
Instituciones como el INE existen para proteger la voz ciudadana. Su independencia impide que las elecciones se conviertan en un proceso controlado por el poder político, como ocurrió durante décadas, cuando el mismo gobierno organizaba, contaba y validaba los comicios.
La creación de órganos electorales autónomos marcó un antes y un después: el árbitro dejó de ser juez y parte. Hoy los procesos electorales son ahora más abiertos y vigilados. Hay ciudadanos contando votos, funcionarios capacitados, observadores nacionales e internacionales y mecanismos para denunciar irregularidades. Cada etapa está regulada: desde la credencial para votar, la instalación de casillas, la capacitación del personal, hasta el conteo final. Esta autonomía permite que las decisiones se basen en la ley y no en presiones políticas.
Además, estos órganos pueden sancionar abusos, frenar excesos de partidos y fortalecer la equidad. Esa capacidad, aunque incómoda para algunos, genera confianza ciudadana, mayor participación y estabilidad social.
Aunque las instituciones no son perfectas, debilitar su autonomía no es la solución. Atacarla significa abrir la puerta al control político de las elecciones. Defenderla no es defender a una institución, sino un derecho: el de elegir libremente.
México ya sabe lo que ocurre cuando el poder controla las elecciones. La pregunta sigue vigente: ¿queremos un país donde el poder se imponga, o uno donde se gane en las urnas? La respuesta empieza por defender a quienes cuidan nuestro voto.
