Gobiernos locales y estatales, y grupos civiles mostraron su rechazo al plan de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, de comprar depósitos y almacenes en una veintena de ciudades del país para convertirlas en centros de detención de migrantes para su deportación.
Con un presupuesto de 38.300 millones de dólares contemplado en el «grande y hermoso proyecto de ley» de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha estado comprando locales para su nuevo «modelo» migratorio, bautizado Iniciativa de Reingeniería de la Detención (DRI).
Kevin Sartor, alcalde de Surprise (Arizona), donde el DHS prevé habilitar una de esas bodegas, para albergar a unos 1.500 inmigrantes, dijo a EFE que cientos de personas acudieron al Concejo municipal para manifestar su preocupación por el impacto de la iniciativa en la comunidad y los servicios públicos, la seguridad de las escuelas cercanas y el valor de las propiedades en la zona.
«No quieren un centro de detención en Surprise, no quieren otro centro más en Arizona», manifestó el alcalde.
«Estamos hablando de almacenes, no sabemos en qué condiciones estarán», indicó a EFE Isabel García, directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona. Recordó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Arizona tiene un récord particularmente «oscuro» donde más de una docena de inmigrantes ha muerto en los últimos años en el Centro de Detenciones de Eloy.
«Esta Administración está deteniendo a la gente, secuestrándose de las calles, de sus trabajos, y luego nadie sabe más de ellos, no tienen contacto con nadie, ni con sus abogados», lamentó.
Los estados rechazan los depósitos de ICE
Estados donde se prevé poner en marcha la DRI rechazaron la iniciativa y la desinformación al respecto. La Fiscal de Arizona, Kris Mayes, y la congresista Adelita Grijalva enviaron una misiva a ICE pidiendo respuestas sobre la compra del almacén en Surprise.
Según un documento del DHS publicado por la oficina de la gobernadora de New Hampshire, la demócrata Kelly Ayotte, ICE tiene la meta de implementar DRI para septiembre próximo. El plan enviado a su gobierno incluye la compra de un almacén en ese estado, en la ciudad de Merrimack, del que el DHS resalta supuestos beneficios económicos para la localidad.
El modelo contempla «la adquisición y renovación de ocho grandes centros de detención y 16 sitios de procesamiento, así como la adquisición de 10 instalaciones ‘llave en mano'», según el documento del DHS.
«Este esfuerzo busca responder a la creciente demanda de espacio de alojamiento y agilizar el proceso de detención y deportación, centrándose en instalaciones no tradicionales», señaló el texto.
En Surprise, el nuevo centro está a cerca de 300 metros de una escuela, en la que el 60 % son alumnos de origen hispano, se quejaron grupos comunitarios al enterarse del plan a través de documentos del condado de Maricopa que señalan que el DHS adquirió en enero un almacén de casi 39.000 metros cuadrados.
Desde entonces, activistas, políticos y residentes de esta comunidad han levantado su voz en contra de la venta de este almacén por 70 millones de dólares, ya que nadie fue notificado del plan.
Avances del plan
La intenciones de la Administración Trump avanzan en varios estados, entre ellos también Maryland, Florida y Texas.
Funcionarios locales y congresistas federales del centro de Florida expresaron su rechazo tras reportes de la prensa local sobre un presunto plan de ICE para adquirir un depósito industrial de más de 40.000 metros cuadrados al este del aeropuerto de Orlando.
El alcalde de Orlando, Buddy Dyer, expresó en un comunicado que no podrían frenar el eventual centro de detención por ser un asunto de carácter federal.
Mientras los representantes federales Maxwell Frost y Darren Soto enviaron una carta al DHS para «oponerse fuertemente al nuevo centro de detención», al denunciar que «los abusos e injusticias en Florida en manos del ICE están bien documentados», como en el sitio ‘Alligator Alcatraz’ que abrió en 2025 al oeste de Miami.
En Texas, tras semanas de presión y escrutinio por parte de activistas y sociedad civil, una inmobiliaria dueña de un almacén a las afueras de Dallas que estaba en la mira de DHS para su compra decidió no vender la propiedad al Gobierno.
El DHS planeaba convertir las instalaciones en un centro con capacidad para más de 9.000 migrantes, el que hubiera sido el más grande del país, según filtraciones a Bloomberg.
El Gobierno, no obstante, consiguió la compra de otro almacén en El Paso, con capacidad para encarcelar hasta a 8.500 migrantes, de acuerdo con medios locales.
EFE
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