En el marco de la discusión de la reforma constitucional en materia de límite a pensiones financiadas con recursos públicos, la senadora petista Liz Sánchez reafirmó la necesidad de corregir las desigualdades heredadas por modelos neoliberales y garantizar que los recursos públicos se utilicen con responsabilidad y justicia social.
Durante su intervención, la legisladora subrayó que el sistema de pensiones debe reconocer el esfuerzo de millones de trabajadoras y trabajadores que dedicaron décadas al servicio del país, pero sin permitir que se mantengan privilegios excesivos dentro de la alta burocracia.
“Hablar de pensiones es reconocer los años de trabajo de millones de mexicanas y mexicanos que merecen una vejez digna. Pero también implica corregir un sistema que durante años permitió pensiones multimillonarias financiadas con recursos del pueblo”, señaló.
La reforma plantea establecer un límite constitucional para las jubilaciones y pensiones financiadas con recursos públicos, particularmente en instituciones como CFE, PEMEX, la banca de desarrollo y la extinta Luz y Fuerza del Centro, de manera que no superen la mitad de la remuneración de la persona titular de la Presidencia de la República.
Liz Sánchez destacó que la propuesta no afecta pensiones privadas ni aportaciones voluntarias o sindicales, ya que su objetivo es exclusivamente evitar el uso desproporcionado de recursos públicos para financiar privilegios.
Desde la visión que impulsa el Partido del Trabajo, explicó, esta reforma forma parte de un proceso más amplio de transformación del Estado mexicano orientado a fortalecer la justicia distributiva.
“La política sólo tiene sentido si reduce desigualdades y corrige injusticias. Ningún Estado que aspire a la justicia puede sostener un sistema donde el esfuerzo de millones financie privilegios de unos cuantos”, afirmó.
Asimismo, reconoció el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien dijo, ha reiterado que en México no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre.
La legisladora sostuvo que el servicio público debe recuperar la esencia de servir a la sociedad y no convertirse en un espacio para acumular privilegios personales.
“Hoy estamos poniendo fin a una herencia de privilegios. El dinero del pueblo debe servir al bienestar de la mayoría”, puntualizó.
Finalmente, reiteró el compromiso del Partido del Trabajo y de la coalición legislativa con la transformación del país y con la construcción de un Estado que administre los recursos públicos con responsabilidad, equidad y sentido social.
