En un país donde durante años se discutió si nombrar o no la violencia contra las mujeres, la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de impulsar una Ley General de Feminicidio tiene un mérito inicial: llamar a las cosas por su nombre y cerrar la puerta a la simulación.
No es menor. Durante más de una década, México ha acumulado cifras que no solo duelen, también exhiben fallas estructurales. Entre 2015 y 2025, el país ha registrado más de 10 mil feminicidios oficialmente reconocidos, mientras que las muertes violentas de mujeres superan las 30 mil si se incluyen casos no tipificados correctamente. A eso se suman más de 100 mil personas desaparecidas, de las cuales una proporción creciente son mujeres y niñas. No es una estadística: es una crisis de seguridad y, también, de salud pública.
Porque sí, el feminicidio no solo es un delito: es el síntoma extremo de un sistema que falla antes, en la prevención, en la atención a la violencia familiar, en la salud mental, en la protección institucional. México llega tarde a casi todo en esta cadena.
La propuesta presidencial toca un nervio clave: obligar a investigar toda muerte violenta de mujer como feminicidio desde el inicio. Esto, que debería ser obvio, no lo ha sido. Durante años, miles de casos fueron archivados como suicidios, accidentes o “crímenes pasionales”. La impunidad no siempre empieza en el juez; muchas veces comienza en el primer informe mal hecho.
Pero tampoco hay que engañarse: la ley por sí sola no corrige un sistema que ha demostrado fallas profundas. El Poder Judicial —con honrosas excepciones— ha sido parte del problema. Carpetas mal integradas, jueces que reclasifican delitos, sentencias que no llegan. La famosa “puerta giratoria” no es solo un discurso político: es una realidad que han enfrentado víctimas y familias durante años.
El contexto tampoco es nuevo. Desde los casos de Ciudad Juárez en los años noventa, pasando por las alertas de género en múltiples estados, hasta las protestas masivas del 8M en la última década, el país ha sido empujado por la presión social más que por la voluntad institucional. Esta iniciativa llega, en buena medida, por esa exigencia acumulada.
Hay que decirlo claro: el planteamiento de homologar criterios, endurecer penas y reconocer agravantes es un avance. También lo es incorporar derechos para las víctimas y sus familias, y evitar la revictimización mediática. Es un paso en la dirección correcta, aunque insuficiente si no se traduce en operación real.
La pregunta de fondo no es si la ley es buena —lo es en varios aspectos—, sino si el Estado mexicano, en todos sus niveles, está dispuesto a aplicarla sin atajos, sin complicidades y sin burocracia.
Porque al final, el problema nunca ha sido la falta de leyes. Ha sido la falta de consecuencias.
Y ahí es donde esta iniciativa se juega todo: en pasar del discurso a la justicia.
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