El Senado mexicano aprobó la reforma constitucional en materia electoral centrada en reducir costos del sistema, fijar límites salariales a autoridades electorales y reconfigurar la integración de ayuntamientos.
El dictamen, que consiguió 87 votos a favor y 41 en contra y que requería mayoría calificada, fue turnado a la Cámara de Diputados.
En la votación en lo particular, la mayoría aceptó una reserva de la senadora Lizeth Sánchez García, del Partido del Trabajo (PT), para eliminar los cambios al artículo 35 relacionados con la revocación de mandato, por lo que la figura se mantiene sin modificaciones en la Constitución.
Sánchez defendió que la revocación y las elecciones “son mecanismos con propósitos distintos” y advirtió que mezclar ambos procesos “corre el riesgo de distorsionar su sentido democrático”, pese a reiterar el apoyo de su bancada al proyecto de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El Senado rechazó otras propuestas de modificación presentadas por legisladores del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y los opositores Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano y los aliados oficialistas Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), por lo que los cambios a los artículos 115, 116 y 134 se aprobaron en los términos originales del dictamen.
Entre los ajustes avalados figura que los ayuntamientos podrán integrarse con una sindicatura y hasta 15 regidurías, mientras que los congresos estatales deberán mantener un presupuesto que no exceda el 0,7 % del gasto total de su entidad.
Asimismo, se establece que ningún consejero o magistrado electoral podrá recibir una remuneración mayor que la de la persona titular del Ejecutivo federal.
El proyecto contempla además que el Senado deberá reducir de forma progresiva su presupuesto para lograr una disminución acumulada del 15 % en los próximos cuatro ejercicios fiscales.
El conocido ‘plan B’ de reforma electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum tras el rechazo a su primera propuesta, está enfocado también en reducir privilegios, ajustar el gasto público y mantener el eje central de la iniciativa constitucional rechazada previamente en la Cámara de Diputados.
Hace unos días, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que el nuevo paquete legal mantiene la política de austeridad como principio rector y contempla límites salariales, reducción de regidurías y mecanismos tecnológicos de fiscalización.
La presidenta Sheinbaum reiteró que es “indispensable que no se gaste tanto en procesos electorales ni en los partidos”.
Con información de EFE.
Foto: EFE
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