El presidente estadounidense, Donald Trump, apeló formalmente el fallo judicial que lo responsabiliza de fraude en su empresa y pidió revocar los límites a los negocios que les fueron impuestos a él y a sus hijos en Nueva York al perder un sonado proceso civil en Nueva York en 2024.
En el documento, de más de 100 páginas y entregado a la Corte de Apelaciones de Nueva York el miércoles, los abogados de Trump reclaman que el máximo tribunal desarticule el remanente de este caso impulsado por la fiscal general del estado, la demócrata Letitia James, una de sus mayores oponentes.
En agosto del año pasado, el tribunal invalidó por «excesiva» la multa de 454 millones de dólares impuesta por el juez a Trump y otros acusados, incluidos sus dos hijos mayores, como resultado del caso, pero mantuvo la sentencia y otras medidas que limitaban su capacidad para hacer negocios en el estado.
La defensa de Trump, en su nuevo reclamo, argumenta que el testigo estrella del juicio, Michael Cohen, que fue abogado personal del ahora presidente y condenado por delitos financieros, ha afirmado recientemente que se sintió «forzado» por la fiscalía dirigida por James a «darles lo que buscaban».
El tribunal que anuló la multa en 2025 no pudo acceder a unas «declaraciones públicas de Cohen de 2026 de que se sintió ‘presionado y forzado’ por la Fiscalía» para «dar solo información y testimonios que satisficieran el deseo del gobierno de crear casos y obtener un dictamen… contra el presidente Trump», indica.
Con un discurso similar al del propio Trump, que acusó continuamente a James de «caza de brujas», la defensa considera que esta usó las leyes como arma en una «acción motivada políticamente», y que las entidades financieras «nunca se quejaron» de haber sido defraudadas por la Organización Trump.
También citan que la sentencia incluye medidas cautelares que inhabilitan a Trump y sus hijos como ejecutivos o directores de negocios en Nueva York durante varios años y les impiden obtener préstamos en firmas presentes en el estado, y piden revocarlas señalando que «no tienen precedentes».
Esa inhabilitación no tiene «conexión con las alegaciones de la fiscal en este caso; puede incluso impedir financiación diaria para equipamientos básicos como carritos de golf o máquinas fotocopiadoras», apostillan.
Según medios locales, la Fiscalía dirigida por James, quien está siendo investigada por el Departamento de Justicia, tiene hasta el 23 de junio para responder a la apelación.
Con información de EFE.
Foto: EFE
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