El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó este miércoles al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, y a otros cargos y excargos del estado mexicano de delitos de narcotráfico y posesión de armas.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación contra un total de diez personas por supuestamente «conspirar con líderes del cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EE.UU a cambio de apoyo político y sobornos», indica un comunicado.
Figuran en la imputación otros dos políticos en activo: Enrique Inzunza Cazarez, actualmente senador y exsecretario general de Sinaloa, y Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de la Fiscalía general de Sinaloa.
Según las autoridades estadounidenses, los acusados conspiraron con el cártel de Sinaloa para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina de México a EE.UU. y protegieron a los narcos de ser investigados, detenidos e imputados, en esencial ayudándoles en sus actividades ilícitas.
En concreto, se les acusa de alinearse con la facción del grupo dirigida por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, conocidos como ‘Los Chapitos’, y recibir a cambio «millones de dólares» de los beneficios del cártel.
La Justicia de EE.UU. alega que Rocha Moya fue elegido gobernador en noviembre de 2021 después de que los Chapitos lo ayudaran «secuestrando e intimidando a sus rivales», y ha permitido que estos «operen con impunidad» bajo la promesa de protegerlos.
Los antiguos cargos del gobierno del Sinaloa acusados son Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública.
Se suman dos exjefes de la Policía investigadora de la Oficina de la Fiscalía general de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras; el exvicedirector de la Policía estatal, José Antonio Dionisio Hipólito, y un excomandante de la Policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.
Todos están acusados de tres delitos, de conspiración para narcotráfico, posesión de armas automáticas y conspiración relacionada con esas armas, que los enfrentan a sentencias mínimas de 40 años de prisión y cadena perpetua.
A Valenzuela Millán, de 35 años, se le acusa además de participar en los secuestros de un informante de la Agencia Antinarcóticos (DEA) y un familiar de este, que fueron torturados y asesinados por orden de los Chapitos, por lo que afronta una sentencia obligatoria de cadena perpetua.
El fiscal federal de Nueva York, Jay Clayton, indicó en la nota que EE.UU. busca romper los vínculos entre la corrupción política y los capos de las drogas, y aseguró que la acusación envía «un claro mensaje a funcionarios de todo el mundo que trabajan con narcotraficantes».
Con información de EFE.
Foto: EFE
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