La Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, dentro de una investigación federal relacionada con un operativo contra un narcolaboratorio en el que murieron dos agentes estadounidenses señalados por medios como integrantes de la CIA.
El Gobierno de Chihuahua confirmó este sábado en un comunicado que la mandataria, del opositor Partido Acción Nacional (PAN), recibió el citatorio para presentarse el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas.
Campos aseguró que acudirá al requerimiento, pero acusó a la FGR de actuar de forma irregular y con motivaciones políticas.
“Habremos de estudiar su debida fundamentación y argumentación”, dijo la gobernadora tras recibir el citatorio, según un comunicado del Gobierno estatal.
La mandataria sostuvo que su administración ha combatido al crimen organizado y rechazó haber autorizado o conocido la presencia de extranjeros en el operativo realizado en abril en la Sierra Tarahumara, mientras se le señala por permitir la participación de agentes estadounidenses en tareas de seguridad, en contra de la constitución y leyes mexicanas.
El caso deriva del desmantelamiento de un laboratorio clandestino en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde, según la propia mandataria, se hallaron más de 55.000 litros de sustancias líquidas, más de 50 toneladas de precursores químicos sólidos y cerca de 2.000 litros de metanfetamina.
La controversia aumentó tras un accidente posterior al desmantelamiento en el que murieron cuatro personas, entre ellas dos estadounidenses cuya presencia en el operativo no habría sido informada al Gobierno federal.
La FGR informó previamente que citó a unas 50 personas que participaron en el operativo para esclarecer la presencia de extranjeros y determinar si hubo delitos en materia de seguridad nacional.
El órgano federal también indaga si los agentes fallecidos contaban con acreditaciones o autorizaciones formales para participar en actividades operativas en territorio mexicano.
El comunicado del Gobierno de Chihuahua calificó el citatorio como un “acto sin precedentes” y una “persecución política”, además de señalar que los gobernadores tienen protección constitucional frente a procedimientos penales.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sostenido que la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos debe realizarse dentro del marco de la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y los acuerdos bilaterales vigentes. Mientras tanto, la FGR ha asumido la conducción de la investigación, y el oficialismo en el Congreso impulsa retirar la protección a la gobernadora mediante un juicio político.
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