La política tiene una extraña capacidad para desgastar las palabras. Las repite tanto, las manosea tanto y las vacía tanto de contenido que terminan perdiendo parte de su significado original. Se convierten en eslóganes, en muletillas de discurso, en recursos para la tribuna.
«Soberanía» es una de ellas.
La escuchamos cada mañana. Se invoca para justificar decisiones, para rechazar críticas y, últimamente, para convertir cualquier cuestionamiento en una supuesta amenaza contra México.
Pero vale la pena preguntarnos algo elemental: ¿qué significa realmente defender la soberanía?
Porque nadie en su sano juicio está a favor de la intervención extranjera. Nadie.
El problema es que algunos han decidido confundir la defensa de un gobierno con la defensa de la nación.
Y son cosas muy distintas.
A la presidenta, a los funcionarios y voceros del régimen les facilitaría mucho las cosas si entendieran este hecho: México no es un partido político, ni los políticos que pertenecen a él son el pueblo. Defenderlos no es defender a México, ni su soberanía.
Y tampoco les haría daño que recordaran que los gobiernos son pasajeros; tanto el de Estados Unidos como el de México, los países son los que permanecen.
En el fondo, sé que lo entienden y lo recuerdan, pero debido a sus propios errores, decisiones y pactos, hoy están en una estrategia de sobrevivencia. Por eso, entre otras cosas, las instituciones mexicanas actúan con criterios distintos, frente a casos similares, dependiendo del color político del involucrado.
El debate nacional alrededor de los gobernadores de Chihuahua y Sinaloa no debería centrarse en quién simpatiza con quién, sino en una pregunta que sí es relevante: ¿la ley se está aplicando con el mismo rigor para todos? Todo indica que no, y el desgaste que esto le provoca a la presidenta y a su gobierno, es mayúsculo e innecesario.
Porque el Estado de Derecho no admite excepciones.
Este aparente ejercicio de justicia selectiva deja de ser justicia para convertirse en herramienta política.
Y cuando eso ocurre, el problema ya no es de un gobernador, de un partido o de una administración. El problema nos pega a todos.
Y, déjenme barrer un poco para casa, el timing no podría ser peor. Particularmente para quienes generan inversión, empleo y riqueza. Porque cuando la ley parece aplicarse con criterios distintos, la confianza se evapora. Y sin confianza, la inversión se detiene, los empleos no llegan y las empresas posponen decisiones que el país necesita con urgencia.
La certidumbre jurídica no aparece gracias a los discursos; aparece cuando las reglas son iguales para todos. Cuando las instituciones son previsibles. Cuando los empresarios pueden invertir sin preguntarse si la ley se aplicará mañana de forma distinta a como se aplicó ayer.
Paradójicamente, mientras desde el Monumento a la Revolución se declaran guardianes de la soberanía nacional, México enfrenta desafíos mucho más serios.
Dependemos cada vez más del exterior para abastecer productos estratégicos de nuestra alimentación. Seguimos teniendo millones de personas en situación de pobreza. Grandes regiones del país viven bajo la influencia del crimen organizado. Y la inversión productiva enfrenta señales de incertidumbre precisamente cuando se aproxima una revisión crucial del T-MEC.
Esa es la discusión que debería ocuparnos.
Nuestra soberanía no se hace más fuerte o se mide por la cantidad de veces que un político la menciona en un mitin. Tampoco por la cantidad de autobuses necesarios para acarrear a los que llenan la plaza. Se mide por la capacidad de un país para garantizar seguridad, hacer cumplir la ley, atraer inversión, generar prosperidad y proteger las libertades de sus ciudadanos.
Un país donde amplias zonas del territorio son disputadas por organizaciones criminales tiene un problema de soberanía.
Un país donde las instituciones son percibidas como instrumentos políticos tiene un problema de soberanía.
Un país que ahuyenta inversión por falta de certeza jurídica tiene un problema de soberanía.
Quizá por eso la verdadera discusión no debería ser cómo responder al vecino del norte.
La verdadera discusión es cómo fortalecemos nuestras instituciones, recuperamos el control del territorio, generamos crecimiento económico y construimos un país donde la ley valga exactamente lo mismo para todos.
Porque la soberanía auténtica no se proclama.
Se ejerce.
Un abrazo.
