Washington. EFE. Cada 8,6 días, una persona murió estando en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos durante los primeros meses de 2026, la frecuencia más alta registrada en casi dos décadas y superior a la registrada en la pandemia de covid, según un informe publicado este jueves por Human Rights Watch (HRW) y Physicians for Human Rights (PHR).
El estudio documenta 52 muertes bajo custodia migratoria desde el 20 de enero de 2025, y concluye que el incremento de los fallecimientos no puede explicarse únicamente por el mayor número de personas detenidas, una tendencia registrada después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
«Las personas están muriendo bajo custodia de ICE al ritmo más alto de los últimos años, incluso después de tener en cuenta el aumento de la población detenida», afirmó Brian Root, asesor principal de tecnología y derechos humanos de HR, en un comunicado.
Según el informe, la tasa de mortalidad en los centros de detención migratoria alcanzó los 8,4 fallecimientos por cada 10.000 detenidos, casi el doble del nivel registrado durante el peor momento de la pandemia.
Atención médica inadecuada
Además de analizar las tendencias estadísticas, médicos de Physicians for Human Rights revisaron las circunstancias de las 39 muertes registradas durante el primer año del segundo mandato de Trump y concluyeron que en varios casos existían indicios de atención médica inadecuada o tardía.
Entre los casos analizados figura el de Maksym Chernyak, un ciudadano ucraniano de 44 años que sufrió un derrame cerebral mientras estaba detenido. El informe concluye que la demora en brindarle atención médica especializada probablemente contribuyó a su muerte.
También menciona a Ismael Ayala-Uribe, un migrante mexicano de 39 años que murió tras una infección que empeoró pese a sus repetidas solicitudes de atención médica.
Las organizaciones expresaron asimismo preocupación por el aumento de los aparentes suicidios en detención migratoria. Siete personas murieron por esa causa entre enero de 2025 y enero de 2026, frente a un solo caso reportado durante todo 2024.
HRW y PHR denunciaron además una falta de transparencia por parte de las autoridades migratorias y señalaron que la información divulgada por ICE suele ser insuficiente para determinar las circunstancias de las muertes o evaluar la atención médica prestada.
«ICE limita de manera tan severa la información que proporciona al Congreso, a las familias y al público que resulta casi imposible ejercer un control efectivo sobre la agencia», afirmó Katherine Peeler, profesora de pediatría de la Escuela de Medicina de Harvard y coautora del informe.
«En los casos en los que hemos tenido acceso a registros de ICE y de hospitales externos, estamos viendo fallas alarmantes en la atención médica y el cuidado de las personas detenidas», añadió.
Incumplimiento de obligaciones internacionales
El informe concluye además que las muertes documentadas plantean serias dudas sobre el cumplimiento por parte de EE.UU. de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Según los autores, cuando una persona se encuentra bajo custodia estatal, el Gobierno tiene responsabilidad de proteger su vida y garantizar acceso oportuno a atención médica.
HRW y PHR argumentan que varios de los casos analizados sugieren posibles incumplimientos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege el derecho a la vida, así como de otros estándares internacionales que exigen condiciones de detención adecuadas y una respuesta médica rápida ante emergencias.
Las organizaciones también señalaron que la falta de información sobre las circunstancias de muchas muertes dificulta determinar responsabilidades y limita el acceso de las familias a explicaciones sobre lo ocurrido.
Los autores atribuyen el deterioro de la situación tanto a problemas estructurales de larga data en el sistema de detención migratoria como a políticas adoptadas durante el segundo mandato de Trump, entre ellas la expansión de la detención obligatoria, el aumento de la población recluida y el debilitamiento de mecanismos de supervisión dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
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