Durante años, el debate sobre el agua en Puebla quedó atrapado entre dos extremos: quienes defendían la concesión sin admitir errores y quienes prometían eliminarla como si con ello desaparecieran décadas de rezago hidráulico. Mientras unos y otros sostenían la discusión política, el verdadero problema seguía siendo el mismo: cómo garantizar más agua, mejor infraestructura y un sistema financieramente sostenible.
Las comparecencias ante el Congreso dejaron una señal que vale la pena analizar. Primero fue Agua de Puebla, que presentó cifras de inversión, ampliación de cobertura, recuperación de caudales, modernización de infraestructura y saneamiento. Después, la directora de SOAPAP, Josefina Morales, no sólo respaldó varios de esos datos, sino que explicó cómo el organismo regulador ha logrado alinear los intereses del Estado, del Ayuntamiento de Puebla, de la concesionaria y de la Comisión Nacional del Agua para empujar proyectos que antes caminaban por separado.
Ese punto no es menor. Durante mucho tiempo, SOAPAP fue visto como un organismo reactivo, atrapado entre disputas políticas y administrativas. Hoy parece apostar por una función distinta: coordinar, regular y planear. Ahí comienza a entenderse por qué el gobernador Alejandro Armenta decidió relevar a Gustavo Gaytán y colocar al frente a una exsecretaria de Planeación y Finanzas. El problema del agua no sólo requiere ingenieros; necesita administradores capaces de conseguir recursos, ordenar prioridades y construir acuerdos entre distintos niveles de gobierno.
Uno de los datos más contundentes de ambas comparecencias fue la recuperación de 47 litros por segundo que eran sustraídos mediante tomas clandestinas, el llamado “huachicol del agua”. Más que una cifra, representa miles de familias que pueden recibir un mejor servicio gracias a la coordinación entre SOAPAP, Agua de Puebla y Conagua. Es una muestra de que cuando las instituciones dejan de competir entre sí, los resultados llegan.
Pero quizá el dato más delicado lo expuso Josefina Morales al advertir que varios municipios de la zona metropolitana no cuentan con infraestructura suficiente para sanear sus aguas residuales. Incluso señaló el caso de Coronango, donde se cobra ese concepto sin que exista el tratamiento correspondiente. La observación merece una discusión seria en el Congreso. No basta con distribuir agua potable; devolverla limpia al medioambiente también es una obligación legal y ética que muchos municipios han postergado durante años.
Las comparecencias también sirvieron para desmontar uno de los discursos más recurrentes en la política poblana: cancelar la concesión como solución inmediata. La realidad jurídica y financiera es bastante menos sencilla. Una rescisión anticipada implicaría indemnizaciones multimillonarias que tendría que absorber el erario estatal. En el contexto actual, destinar miles de millones de pesos a un litigio significaría dejar de invertir en carreteras, hospitales, seguridad, infraestructura hidráulica o los proyectos estratégicos que impulsa la administración estatal.
Eso no significa otorgar un cheque en blanco a la concesionaria. Al contrario. Si algo dejaron claro tanto Agua de Puebla como SOAPAP es que la concesión sólo puede sostenerse bajo una supervisión estricta, metas verificables y una autoridad reguladora fuerte que privilegie siempre el interés público. La función del Estado no es administrar directamente cada servicio, sino garantizar que quien lo presta cumpla con los estándares establecidos.
Quizá la mayor virtud de Josefina Morales ha sido evitar los apasionamientos políticos. Su comparecencia estuvo sustentada en información técnica, indicadores y viabilidad financiera. En tiempos donde la polarización suele dominar el debate público, defender los intereses de los poblanos con objetividad termina siendo una estrategia más efectiva que alimentar confrontaciones estériles.
Al final, el agua no distingue ideologías ni colores partidistas. Lo que exige son inversiones, planeación, coordinación y decisiones responsables. Las comparecencias dejaron claro que el verdadero reto ya no es discutir quién tiene la razón, sino quién tiene la capacidad de construir un sistema hídrico que responda a las necesidades de Puebla durante las próximas décadas.
