La Habana, (EFE).- El Gobierno de Cuba tildó de «acto de agresión» las sanciones anunciadas este jueves por el Departamento de Estado de EE.UU. contra nueve entidades y dos funcionarios de la isla, y acusó a Washington de «intenciones genocidas» con el fin de provocar una crisis humanitaria.
«Cada acto de agresión del Gobierno de EE.UU., como las medidas anunciadas este 23 de julio por el Secretario de Estado, demuestra que el objetivo es imponer un castigo colectivo contra todo el pueblo cubano», afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en redes sociales.
Asimismo señaló que el Gobierno estadounidense «continúa negando la existencia del cerco económico contra Cuba», pero «le resulta cada vez más difícil esconder sus intenciones genocidas y el ánimo de provocar una crisis humanitaria» en el país caribeño.
En la nueva ronda de sanciones, la Administración estadounidense incluye a entidades relacionadas con el sistema cubano de misiones médicas en el extranjero, que EE.UU. acusa de utilizar un esquema de trabajo forzoso y de retener una parte significativa de los salarios de los profesionales enviados al exterior.
Ellas son la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC), y la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), así como a la directora de UCCM, Gretza Sánchez Padrón, y el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda.
El jefe de la diplomacia cubana afirmó que «el ataque contra la cooperación médica cubana equivale a una agresión contra el derecho humano al acceso a servicios de salud para cientos de miles de personas en muchas partes del mundo».
«Castigan a Cuba por prestar un servicio humano y solidario que ha sido reconocido por la comunidad internacional», añadió.
Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba, las exportaciones de servicios profesionales representaron entre 2018 y 2020 más del 40 % del total de las exportaciones cubanas.
Las brigadas médicas cubanas -constituidas hace más de seis décadas y con más de 600.000 profesionales destinados en 165 países – según datos oficiales- han sido uno de los focos de la política hacia Cuba de la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, en su segundo mandato.
En los últimos meses y bajo presión de Washington, los Gobiernos de Honduras, Guatemala, Jamaica, Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Guyana, y Trinidad y Tobago han suspendido su cooperación médica con Cuba o reformado sus términos.
En la actualidad, unos 24.000 profesionales sanitarios de la isla laboran en 56 países.
Otras entidades sancionadas
En la nueva escalada de sanciones se encuentran tres entidades vinculadas al sector energético cubano: el Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), Empresa de Energía S.A. (ENERSA) y EINARBO S.A, de acuerdo con u comunicado del Departamento de Estado.
Esta vez, la Administración de Trump también incluyó a la Terminal de Contenedores de Mariel S.A., operadora del principal puerto de contenedores de Cuba, por su vinculación con el conglomerado empresarial militar cubano Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), uno de las primeras entidades sancionadas.
Además sumó a CEIBA Investments Limited, firma que invierte en bienes raíces cubanos y cuya filial panameña asumió el control de una antigua empresa conjunta de GAESA; y ORBIT S.A., un procesador de remesas.
El presidente Trump, estableció el pasado 1 de mayo una Orden Ejecutiva mediante la cual amenaza con sanciones a toda aquella persona o entidad que apoye financiera, material o tecnológicamente al Gobierno cubano o que opere en sectores claves de la isla, como la energía, la defensa, las finanzas y la minería.
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