No acostumbro a analizar coyunturas inmediatas. La proximidad de los acontecimientos suele distorsionar la perspectiva, contaminar el análisis estratégico y convertir la reflexión en una respuesta emocional. Sin embargo, existen momentos en los que la estadística obliga a no dejar de observar el riesgo.
El asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el 22 de julio en San Pablo Etla, Oaxaca, elevó a siete el número de periodistas asesinados en México durante 2026. Reporteros Sin Fronteras lo reconoce como el séptimo caso del año y advierte que el crimen evidencia el fracaso de la protección estatal, especialmente porque las instituciones conocían la situación de riesgo del periodista.
La relación de cada homicidio con el ejercicio profesional deberá ser acreditada por las investigaciones correspondientes. No obstante, la acumulación de casos, las amenazas previas, la distribución territorial de las agresiones y la impunidad persistente conforman una señal estratégica que no puede minimizarse. En la Agenda Nacional de Peligros y Riesgos México 2026 advertimos que el fenómeno violento mexicano no debía evaluarse exclusivamente mediante las cifras generales de homicidio. Su impacto alcanza la gobernabilidad, los procesos electorales, la operación de las instituciones de seguridad, la administración municipal, la libertad de expresión y la capacidad del Estado para ejercer autoridad legítima en determinadas regiones.
Cuando una organización criminal puede decidir quién gobierna, qué policía actúa, qué empresa trabaja y qué periodista informa, el problema deja de ser exclusivamente delictivo. Se convierte en un proceso de captura territorial, degradación institucional y sustitución parcial de las funciones del Estado.
México ocupa una posición particularmente grave dentro del panorama mundial. El Comité para la Protección de los Periodistas registró 129 periodistas y trabajadores de medios muertos en el mundo durante 2025; una parte mayoritaria falleció en escenarios de conflicto armado. En México, el Comité documentó al menos seis periodistas asesinados, mientras Reporteros Sin Fronteras contabilizó nueve y ubicó al país como el segundo más peligroso del mundo para ejercer el periodismo durante ese año. Las diferencias responden a criterios metodológicos distintos para determinar si el crimen estuvo directamente relacionado con el trabajo informativo.
La diferencia fundamental es que México no se encuentra formalmente en guerra.
En Gaza, Ucrania o Sudán, los periodistas trabajan expuestos a bombardeos, operaciones militares, artillería, drones y fuego cruzado. En México son asesinados mientras conducen, comen, salen de su domicilio o regresan de una cobertura. El agresor frecuentemente conoce sus rutinas, movimientos, relaciones, fuentes y vulnerabilidades. Esto supone vigilancia previa, inteligencia local o la filtración de información a la que difícilmente podría acceder un delincuente común.
La UNESCO ha registrado más de 170 periodistas asesinados en México desde 1993 y estima que aproximadamente 12% de esos crímenes ha sido judicialmente resuelto. El Comité para la Protección de los Periodistas, por su parte, identificó 21 asesinatos completamente impunes durante el periodo considerado en su Índice Global de Impunidad de 2024: el número absoluto más alto entre los países evaluados. Ese es el dato que explica por qué los ataques no cesarán.
El asesinato de periodistas suele atribuirse automáticamente a los cárteles. Es una explicación cómoda porque presenta al Gobierno de México como un observador rebasado y no como una estructura que, en algunos casos, puede encontrarse infiltrada, asociada o subordinada a intereses criminales.
La organización Artículo 19, documentó 451 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en México durante 2025: aproximadamente una cada veinte horas. Su informe identifica a funcionarios públicos y fuerzas civiles de seguridad entre los principales agresores y advierte que la censura contemporánea también se ejerce mediante opacidad, vigilancia y control de datos.
La vinculación de policías con estructuras delictivas constituye una de las mayores vulnerabilidades. Un policía conoce el territorio, las cámaras instaladas, los centros de mando, las rutas de patrullaje, los tiempos de respuesta y la capacidad real de una fiscalía para investigar. Puede proteger a un periodista, pero también puede vigilarlo, consultar sus datos, proporcionar su ubicación, alterar una escena criminal o advertir a los responsables de una operación en curso. Existe, además, una dimensión menos visible y potencialmente más peligrosa: la corrupción institucional que puede permitir que organizaciones criminales accedan a capacidades técnicas originalmente reservadas para las autoridades.
La filtración desde corporaciones policiales, fiscalías, áreas de inteligencia, empresas de telecomunicaciones o proveedores tecnológicos puede facilitar la geolocalización de dispositivos elecrónicos, la consulta irregular de bases de datos, el seguimiento mediante cámaras, la obtención de metadatos, la intervención de comunicaciones y la infiltración de cuentas o sistemas informáticos.
Citizen Lab, centro especializado de la Universidad de Toronto, ha documentado reiteradamente el uso de programas de espionaje contra periodistas, defensores de derechos humanos e investigadores vinculados con casos sensibles en México.
Este fenómeno modifica cualitativamente el nivel de amenaza. Un grupo criminal que obtiene información de ubicación, registros telefónicos, imágenes de videovigilancia, expedientes oficiales o acceso a dispositivos deja de depender exclusivamente de informantes en la calle. Puede reconstruir rutinas, identificar fuentes periodísticas, ubicar familiares, anticipar desplazamientos y seleccionar el momento de una agresión con precisión operativa.
Para un periodista, la vulneración de su teléfono puede revelar investigaciones, documentos, fotografías, contactos confidenciales y desplazamientos.
El ataque cibernético puede convertirse así en la fase preparatoria de una amenaza, un secuestro, una desaparición o un homicidio. Cuando las capacidades técnicas del Estado se corrompen, la delincuencia adquiere una superioridad peligrosa.
La siguiente gran zona de riesgo será la elección de 2027. ACLED ha documentado que la violencia del proceso electoral de 2024 alcanzó niveles sin precedentes y que los burócratas locales concentraron la mayor parte de las agresiones. Sus estudios posteriores colocan a México entre los escenarios más peligrosos para funcionarios municipales, debido a la intervención del crimen organizado y a la disputa por el control de gobiernos locales.
Con base en la tendencia observada, la expansión territorial de las organizaciones delictivas, el financiamiento ilícito de campañas, la imposición de aspirantes y la debilidad de numerosas corporaciones municipales, la Agenda Nacional de Peligros y Riesgos advierte para 2027 un pronóstico de máxima violencia: potencialmente el proceso electoral más violento de los últimos diez años.
En ese escenario, los periodistas se encontrarán en el nivel máximo de riesgo para su integridad física. Serán ellos quienes investiguen el origen del dinero electoral, las amenazas contra candidatos, la infiltración criminal de los partidos, el uso político de las fiscalías, la participación irregular de policías y los pactos construidos para controlar municipios.
Proteger al periodismo requiere mucho más que escoltas, botones de pánico y declaraciones de condena. Exige inteligencia preventiva, seguridad digital, mapas de riesgo electoral, trazabilidad de consultas a bases de datos por personal de seguridad pública y nacional probablemente vinculados con estructuras criminales, auditorías de accesos a plataformas restringidas de información, controles de confianza con altos estándares y capacidad para investigar toda la cadena criminal: quién ordenó, quién vigiló, quién proporcionó los datos, quién ejecutó, quién encubrió y quién se benefició.
Cuando se asesina a un periodista no sólo se elimina una voz. Se destruye información, se intimida a una comunidad y se entrega el control de la narrativa a quienes ejercen la violencia. Por eso el periodismo en peligro no es únicamente un problema de libertad de expresión. Es una advertencia sobre la pérdida de gobernabilidad y, en consecuencia, un asunto de seguridad nacional.
Si quieres conocer más sobre enfoques para entender riesgos; te invito a la presentación de mi libro el 15 de agosto en: Un Lugar de La Mancha, calle Esopo 111, Polanco Miguel Hidalgo CDMX o que lo adquieras en: https://www.amazon.com.mx
@evrossainz
