Por mayoría de votos en comisiones, los diputados locales aprobaron una reforma para erradicar la proliferación de “los taxis y grúas piratas” y aplicar sanciones de hasta 10 años de cárcel a quienes presenten el servicio de transporte sin contar con los permisos necesarios.
La presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, María del Carmen Cabrera Camacho, señaló que esta reforma al artículo 190 bis del Código Penal, propuesta por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, establece sanciones severas para servicio ilegal de taxi.
Precisó que el documento establece multas de entre 100 a 500 Unidades de Medidas de Actualización (UMA) y penas de cárcel de ocho meses a seis años de prisión y esta se incrementará en dos terceras partes si el infractor es concesionario del servicio público mercantil.
“Al que a sabiendas de que no cuenta con la concesión o permiso otorgado por la autoridad competente preste el servicio público de transporte o del servicio mercantil, se le impondrán de ocho meses a seis años de prisión y multa de cien a quinientas Unidades de Medida y Actualización. Igual sanción se impondrá al propietario del medio de transporte que realice, contrate o permita la prestación de estos servicios”.
Cabrera Camacho destacó que esta reforma también aplicará para el servicio de arrastre, es decir, las grúas que presten el servicio sin contar con los permisos necesarios y también se cancelarán las licencias de conducir.
