Maritza Mena
Las escenas que se viralizaron en redes sociales de la dispersión de una manifestación con disparos al aire de parte de la policía municipal de Cancún, Quintana Roo, ocupó primeras planas en varios medios de comunicación esta semana, provocó indignación y como respuesta otras manifestaciones en la capital del país.
La razón de la protesta fue exigir justicia por los feminicidios ocurridos en esa ciudad. Sin embargo, las manifestantes antes cometieron actos vandálicos en el Palacio Municipal. El suceso terminó con heridos y la separación del cargo del director de Seguridad municipal y del estado.
Para un país donde la violencia ha sido el sello de varias administraciones sin distingo de colores, es común normalizarla y castigar con rigor el comportamiento del agente de seguridad pública que, como figura de autoridad está altamente cuestionada, pues el 67.9 por ciento de la población de más de 18 años la considera corrupta, de acuerdo con registros del INEGI.
En el estado sureño los policías están obligados a observar un trato respetuoso con todas las personas y abstenerse del arbitrario, y se sanciona con suspensión del trabajo y sin percepciones salariales a los elementos que limiten «indebidamente las acciones o manifestaciones que, en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realicen los ciudadanos», según dicta la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo.
Es fácil hacer juicio sobre los hechos y que todo su rigor caiga sobre la figura institucional que está altamente desprestigiada; sin embargo, en los hechos la exigencia no fue pacífica y violó derechos al afectar patrimonio de terceros, en este caso, el Palacio Municipal como edificio de todos los ciudadanos al ser público.
El entrenamiento, si existe, de un elemento de seguridad pública debe incluir un protocolo en caso de existir manifestaciones violentas y la manera correcta de actuar, de lo contrario responderá como cualquier civil al sentirse amenazado. Una actitud agresiva tiene generalmente como respuesta otra en el mismo sentido.
No se trata de justificar el actuar del policía municipal pero sí analizar supuestos como la falta de un protocolo de actuación, las ambigüedades de la Ley y hasta dónde llegan también los derechos de los manifestantes, los cuales deben ser iguales para todos y en todo el territorio mexicano.
En una sociedad que absorbe la corriente nueva izquierda y que importa su llamada «ola feminista» desde el sur del continente, se deben generar mecanismos efectivos con los que, la policía sepa actuar ante las personas, hombres y mujeres, que cometen actos violentos y en contra de la violación de los derechos de terceros por parte de los ciudadanos.
Nada justifica la violencia, tampoco en la exigencia de justicia, porque en un país tan polarizado socialmente desde el discurso Presidencial es fácil encontrar enemigos en donde no existen y provocar un daño que posiblemente no pueda repararse.
Deben existir redefiniciones a la hora de valorar limitar los derechos y obligaciones de los manifestantes y del uso de la fuerza pública.
