Las familias en el centro. Esa es la premisa de la iniciativa de Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Puebla elaborada por los colectivos y familiares de personas desaparecidas en la entidad, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado y la IBERO Puebla a través de varias de sus instancias especializadas.
Esta propuesta fue presentada formalmente el 15 de julio de 2020 en el Congreso del Estado por la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval. Diez meses después, los impulsores continúan a la espera de la dictaminación por parte de las comisiones de Procuración y Administración y Justicia y de Derechos Humanos del Congreso.
Como relató María Luisa Núñez Barajas, representante del Colectivo La Voz de los Desaparecidos, desde marzo de 2021 se han recabado firmas en diferentes puntos del estado para exigir al Congreso Local la iniciativa en materia de Desaparición de Personas; más de 5,000 personas han suscrito la causa, así como otras 1,200 a través de la plataforma Change.org. Al mismo tiempo, se emitió una carta abierta a las autoridades para exigir atención inmediata al tema.
El caso ha escalado a instancias internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos exhortó al Congreso del Estado a adoptar la ley en la materia. También ofreció su asesoría y cooperación técnica para celebrar un proceso de deliberación abierto, plural e incluyente.
La adopción de esta iniciativa responde a la armonización de la Ley General en la materia (publicada en 2017), a las obligaciones adquiridas internacionalmente por México y a las recomendaciones de diversos relatores y Comités de Derechos Humanos creados en virtud de los tratados de la ONU.
Para la Mtra. Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla, resulta preocupante el tiempo que ha transcurrido desde la presentación de la iniciativa sin que a la fecha se prevea su discusión y análisis. «Como Universidad, seguiremos buscando las estrategias jurídicas y mediáticas en esta deuda del Congreso frente a las personas desaparecida y sus familias».
Acciones legales
La IBERO Puebla ha girado dos oficios a las presidentas de la Comisión de Derechos Humanos y la de Procuración y Administración de Justicia, insistiendo en la relevancia del asunto y proponiendo un proceso de discusión y análisis de la ley bajo el esquema de Parlamento Abierto. Asimismo, la Universidad ofreció su apoyo para la organización de mesas de trabajo y discusión. Solo la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso ha respondido.
Tras el inicio del tercer y último periodo legislativo, los diputados tendrán una última oportunidad para abordar el tema. «Nos parece fundamental que el Congreso responda a este llamado para que podamos armonizar nuestra legislación local como se ha establecido desde hace más de mil días«, expresó el Mtro. Roberto Alonso Muñoz, responsable del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática (OPSCD) de la IBERO Puebla.
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Además de la falta de armonización entre la ley estatal y la general, el Congreso también incumple con dos tratados internacionales que establecen obligaciones para el Estado mexicano.
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El pasado 10 de mayo se presentó un amparo indirecto por parte de distintos familiares de personas desaparecidas bajo la representación legal de la Clínica Jurídica de la Universidad Jesuita. Con dicho recurso se busca la protección de la justicia federal por la omisión del Congreso del Estado de Puebla al no armonizar la legislación de su competencia con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
El amparo será utilizado mecanismo para establecer la responsabilidad del Congreso y ordenar que se legisle con celeridad, especialmente cuando se ha incumplido el plazo de 180 días para la armonización y adecuación legislativa: han transcurrido 1,033 días desde la entrada en vigor de la Ley General.
En palabras del Mtro. Simón Hernández León, coordinador de la Licenciatura en Derecho: «El Poder Judicial de la Federación se encuentra ante una oportunidad histórica para lograr una protección efectiva y amplia de los derechos humanos de las personas desaparecidas en Puebla, de sus familias y del Colectivo La Voz de los Desaparecidos».
Las familias han recorrido un camino largo marcado por la displicencia de las autoridades frente a una problemática de graves violaciones a los derechos humanos. «Una persona desaparecida no está viva ni está muerta. Es una persona que falta en una familia. Es un abismo nuevo. Por eso creemos que, sin importar lo que haya hecho, ninguna persona merece ser desaparecida», pronunció Luz María Nieto Granados por La Voz de los Desaparecidos.
Foto: Rafael Pacheco
