Libre Expresión/ José Antonio Cuéllar
En campaña, Miguel Barbosa Huerta habló claro y fuerte de que su gobierno iría contra la corrupción e impunidad y que lucharía contra esos males que han sido culpables de la descomposición política y social de Puebla.
El próximo 1 de agosto rendirá protesta como Gobernador Constitucional y eso pone nerviosos a no pocos políticos y ex funcionarios. El mal se extiende al empresariado y líderes “sociales” favorecidos por el morenovallismo y el galismo, aunque la corrupción data de muchos otros gobiernos.
Miguel Barbosa ha venido dando a cuenta gotas las acciones que emprenderá su gobierno en los primeros 100 días, llamando la atención el tema de la austeridad, que implicará no más derroche del erario, esto se espera se traduzca poner fin a las comilonas y viajes con cargo al dinero público, no más pago de escoltas a los ex Gobernadores y sus familias –
Todavía hace un año era común ver al ex mandatario Antonio Gali Fayad, rodeado de escoltas, así como funcionarios de su administración y el servicio se extendía a sus familias, con alto costo económico a las finanzas estatales.
Miguel Barbosa Huerta dijo a los reporteros, en una de sus últimas giras de agradecimiento, que enviará al Congreso del Estado la iniciativa de ley que ponga fin al servicio de escoltas a ex Gobernadores y todo funcionario estatal que no realice actividades relacionadas con la Seguridad Pública.
Y agregaría; “¡Pregunten a Gali cuántos – escoltas- traía! ¡Muchos!”.
Explicó que en su caso – como Gobernador- tendrá seguridad, “pero no exagerada como se daba antes”.
En la lista de los ex Gobernadores, están: Guillermo Jiménez Morales (PRI); Mariano Piña Olaya (PRI); Mario Marín Torres (PRI) Antonio Gali Fayad (PAN) y Guillermo Pacheco Pulido (PRI). De este último hay que decir que a lo largo de su trayectoria no ha recurrido a la excesiva vigilancia y como Gobernador interino no la necesitó.
Otras medidas de austeridad oficial son lograr ahorros en el pago de celulares y reducir el gasto por la renta de inmuebles.
Tan solo el Centro Integral de Servicios –CIS- le representa al Gobierno Estatal un gasto anual superior a los 300 millones de pesos, lo que para Miguel Barbosa es escandaloso, yo diría que es el reflejo del abuso del poder para sangrar las finanzas estatales en detrimento de los poblanos.
Se revisarán las licitaciones y contratos de las obras faraónicas, de las operaciones entre el sector oficial y las inmobiliarias, de todo lo relacionado a la Red Urbana de Transporte (RUTA); el adelgazamiento del aparato burocrático, en donde los gobiernos en turno se despacharon con la cuchara grande. Un ejemplo es la nómina de 279 empleados en Puebla Comunicaciones.
Los poblanos están a la expectativa de que las promesas de Miguel Barbosa se vayan dando en los hechos. Él ha dicho que no habrá persecución, pero no se callará ante cualquier acto de corrupción y se aplicará la ley.
