Eduardo Gómez Gómez/ Conurbaciones
Algunas personas están a la espera de que las autoridades hagan algo por mejorar la situación social, aunque sean las municipales, pues.
Durante décadas, una proporción de la población ha recibido recursos de la federación o de alguna instancia pública. Por medio de los llamados “programas sociales”, diferentes personas recibieron recursos públicos bajo distintos conceptos, disfrazados con eufemismos y nombres: población en condición de pobreza, apoyo al campo, apoyo a la educación, adultos mayores, oportunidades, apoyo a programas productivos, y otros más.
Y aunque se suponía que servirían para reducir las brechas de desigualdad social que caracteriza a nuestro país, difícilmente podría afirmarse que esto ocurriese.
Desde luego que tales programas han sido señalados como clientelares y con fines políticos, ¿y a fin de cuentas qué acción social podría estar ajena a una finalidad política? Por tanto, lo sorprendente es que haya quien se llame a sorpresa por ese hecho.
Desde luego, es complejo identificar si los recursos entregados a población con tierra se ocupasen para la siembra y cultivo; o que los fondos destinados para educación o para vejez realmente hayan servido para atender esas necesidades específicas.
El campo se ha transformado, y en algunas áreas parece estar activo, productivo y con buenos rendimientos agrícolas. Aunque esto sólo ocurre en una proporción menor de las tierras dedicadas a cultivo.Por su parte, los sistemas educativos han mostrado al menos deficiencias para atender de manera adecuada a la población estudiantil y ofrecer procesos de desarrollo y de aprendizaje que habiliten el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. Desde luego, también hay excepciones. Hay una proporción de individuos que van sobreponiéndose a esas deficiencias, siguiendo los lineamientos establecidos por el Estado mexicano, y al respecto habría que observar si efectivamente quienes han obtenido notas altas en los últimos 50 años realmente ejercieron esas supuestas “capacidades demostradas” en la mejora de nuestro país.
En todo caso, el saldo de las acciones gubernamentales de los últimos años han sido desastrosas. Ahora bien, si esa ha sido la actuación y las respuestas que el Estado mexicano ha dado, ¿a qué se debe que aún se siga esperando que el Estado mexicano haga algo distinto?
Las acciones del Estado han conducido a profundizar una condición de sumisión y sometimiento de grandes grupos sociales. De alguna forma, algunas de las familias podían contar, gracias a las “políticas públicas”, con recursos de varios programas sociales a lo largo del año. Por ejemplo, había familias que recibían a través de sus distintos integrantes recursos de apoyo al campo, para personas mayores, becas o estímulos educativos, despensa, desayunos, etc.
¿Qué interés podrían tener algunas de estas personas por cultivar la tierra? Por ejemplo, había ocasiones en que el resultado de sembrar y cosechar podría conducir a ingresos menores a los recibidos por medio del programa sectorial, entonces parecía una solución inteligente y “de mejor aprovechamiento de los recursos” simplemente no “producir”. Y desde luego que esto también tenía repercusiones en relación con el cuidado y conservación del suelo agrícola, que en algunas partes fue abandonado o descuidado.
¿De qué forma podría restablecerse algo que se estaba deteriorando y que no recibía atención? ¿Cuál sería la intencionalidad de los funcionarios públicos que observando el desastre productivo y la descomposición social derivada de la formación de algunos segmentos parasitarios mantenían esos “apoyos” para “la población”?
Son interrogantes complejas, pues por otro lado encontramos cómo las acciones gubernamentales, vía impuestos, corrupción, privilegios e inseguridad, atacaban frontalmente la intención de los mexicanos por encontrar opciones de remontar su condición social. Desde hace décadas y desde entonces, de hecho, una parte de la población ha emigrado en condiciones ilegales a Estados Unidos, principalmente, en virtud de la ensoñación de mejores condiciones materiales de vida al cruzar la frontera con ese país, aunque en juego fuera la vida, la salud pública y privada, y la tranquilidad. Más aún cuando se considera el ascenso desde hace décadas de los grupos paramilitares y de sicarios que se desplegaron para operar el negocio de la producción, distribución y venta de droga, y/o de la trata personas.
Cada uno de ellos, un ejemplo franco del ataque al desarrollo social, económico y humano de los mexicanos. ¿Realmente el Estado mexicano está cambiando?
Entonces,¿qué esperamos para ejercer nuestra ciudadanía y organizarnos para trascender los mecanismos de terror, sojuzgamiento y control social que el Estado mexicano opera?
