México/Notimex
En México, las voces de las organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), están monopolizadas por un puñado de organismos unidos por alianzas económicas, académicas y mediáticas que busca influir en las políticas públicas y están respaldadas por “grupos de poder”, aseguran académicos y miembros de organizaciones no gubernamentales.
Además, señalaron que estos organismos civiles reciben donaciones de empresas ligadas a los miembros de sus consejos consultivos, así como de organizaciones internacionales y también obtienen fondos públicos porque son donatarios registrados ante la secretaría de Hacienda.
Las OSC que detentan este monopolio de la agenda pública “son las que llegaron a profesionalizarse, están más institucionalizadas, hay grupos de poder detrás de ellas.
“Son organizaciones que tienden a poner su agenda”, dijo Humberto Muñoz Grandé, doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, director del doctorado en Innovación y Responsabilidad Social y coordinador del libro El entorno económico de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Consultados por Notimex, los analistas explican que en el país existen entre 43 mil y 66 mil OSC, pero la mayoría permanece invisible ante esas alianzas cuyo poderío económico evita que se puedan conocer otras visiones sobre temas públicos.
“Las OSC están muy rezagadas y el espacio es fácilmente ocupado por quien tiene los recursos para financiar grupos de interés que incidan en la agenda pública.
“Esto que lleva a que las políticas públicas y mecanismos de acceso sean utilizados por las organizaciones de siempre”, puntualizó Manuel Polo Sánchez, politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Los académicos señalaron que las principales organizaciones que monopolizan la agenda pública son Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el Instituto Mexicano para la Competitividad, México Evalúa, Transparencia Mexicana, México S.O.S., Únete y Ciudadanos por una Causa en Común.
Y entre todas destaca MCCI, encabezada por Claudio X. González Guajardo, un empresario que además ha laborado en las Secretarías de Agricultura y del Trabajo, en oficinas de la Presidencia de la República y en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio durante administraciones priistas y presidente de Fundación Televisa. Su padre, Claudio X. González Laporte, fue asesor del ex presidente Carlos Salinas.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tiene estrecha relación con otras asociaciones civiles pues sus integrantes son miembros de las OSC mencionadas. MCCI, pese a ser la más joven en relación a sus aliadas, porque se fundó en 2015, ha logrado concentrar la atención mediática con el financiamiento de investigaciones periodísticas, la más destacada de ellas conocida como La Estafa Maestra, sobre el desvío de 400 millones de dólares durante el gobierno de Enrique Peña Nieto o las 400 empresas fantasmas creadas durante gobierno de Javier Duarte en Veracruz.
“Son relevantes (estas OSC), pero entre otras cosas, por su capital económico, por las redes empresariales que las respaldan, lo que les permite hacer investigación, estar en foros; sin embargo, el fomento a la sociedad civil no puede estar relegado a lo empresarial”, añadió Polo Sánchez.
Reciben fondos públicos
Estos organismos de la sociedad civil reciben fondos públicos porque son donatarias registradas ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), lo cual les permite recibir donaciones de empresas ligadas a los miembros de sus consejos consultivos, así como de organizaciones internacionales.
De acuerdo al reporte 2018 del SAT, en 2017 Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad recibió 73 millones 57 mil 529 pesos, mientras que el IMCO, 40 millones 504 mil 366 y Únete Institución de Asistencia Privada (IAP), 95 millones, 337 mil 851.
Por su parte, Transparencia Mexicana recibió ocho millones 281 mil 787; Ciudadanos por una Causa en Común, cinco millones 71 mil 114; Sistema de Observación Ciudadana, México S.O.S., 10 millones 868 mil 565 pesos.
Entre todas suman más de 233 millones de pesos que provienen de impuestos que las empresas donantes dejan de pagar al fisco y que se dedican a la actividad de las OSC para la cual fueron registradas.
